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Luego de un mes de rumores, el Ministerio de Defensa hizo oficial el retiro del general Juan Carlos Buitrago de la Policía Fiscal y Aduanera. Con el decreto 424 del 18 de marzo de 2020, esa cartera designó en su reemplazo al general Gustavo Gómez Franco y allí nada se dice sobre el futuro del oficial. De esta manera, terminaron para el general Buitrago dos años al mando de esa unidad encargada de luchar contra el contrabando. Lo que todavía no es claro son los motivos de la salida.
En febrero pasado, el escándalo estalló. Por un lado, se decía que la salida del general Buitrago obedecía a razones de seguridad por cuenta de supuestas amenazas de muerte derivadas por sus labores y se indicaba que el oficial, con varias condecoraciones, iba a ser enviado a una comisión de servicios en el exterior. Y la otra versión relaciona su salida con una investigación que le inició la Procuraduría General luego de que el director de Fiscalías de entonces en Cauca, Raúl González Flechas, le pidiera al justificar la información que entregó en una rueda de prensa en la capital del Valle del Cauca sobre un operativo.
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¿La razón? La captura de 16 personas (entre ellas seis servidores públicos) en medio de las pesquisas por el asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca) en septiembre de 2019, al parecer por miembros de la columna Jaime Martínez. La Policía anunció la detención de esas personas como supuestos miembros de un grupo llamado Mercaderes de la Muerte que, según el general Buitrago, traficaba armas y habría vendido las que se usaron por la disidencia para asesinar a García.
En la carta el fiscal Raúl González Flechas calificó de “muy grave” que se relacionada a agentes estatales con la comisión del crimen de Karina García ya que, según sus averiguaciones, había certeza de que los responsables eran exclusivamente los disidentes que lidera alias Mayimbú. Entre los operativos que encabezó Buitrago durante estos dos últimos años se destacan la operación denominada “Los 33”, realizada en 2018 y en la que se capturó a 10 funcionarios públicos dedicados a facilitar el ingreso de mercancías de contrabando a través de la omisión de controles aduaneros, logrando una afectación al Estado por $840.000 millones.
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Para esta misma época la Polfa desarticuló la estructura criminal Los del Valle, integrada por siete personas que se dedicaban al contrabando de cigarrillos y licores, afectación económica al Estado por $574 mil millones. En 2019, se desmantelaron dos importantes bandas de contrabando. La primera fue Los Chatarritos, integrada por 14 personas (11 eran funcionarios públicos), dedicados a la comercialización de automotores y autopartes que tenían que ser chatarrizadas pero eran vendidas, logrando afectar al Estado por $5.000 millones.