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El exgobernador del Magdalena Ómar Diazgranados ha sido sancionado en casi todos los frentes. La Procuraduría lo inhabilitó durante 15 años y la Contraloría lo halló responsable de un detrimento patrimonial. Sólo faltaba la justicia penal, y ahora, a raíz de una decisión de la Fiscalía, también enfrenta esa posibilidad. El fiscal 11 de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema lo llamó a juicio por dos delitos graves: concierto para delinquir y lavado de activos. Lo que impulsa esa acusación es un viejo asunto, tan viejo que casi parecía engavetado: su presunta relación con la pirámide DMG.
Según la Fiscalía, Diazgranados adjudicó contratos a empresas relacionadas con DMG, con ayuda de la secretaria general de su administración, Laura María Úsuga, quien también fue llamada a juicio, aunque por un delito distinto: celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Diazgranados, quien siempre ha reclamado que es inocente, le pidió a la Fiscalía a través de un recurso de reposición que considerara una vez más su decisión, pero el organismo investigativo la mantuvo en pie. Y la Corte Suprema aceptó que la Gobernación del Magdalena, la cual lideró de 2008 a 2011, se acreditara como víctima.
(Del archivo: DMG, una caja de Pandora)
El proceso por el cual los líos de Diazgranados aún no terminan es de hace casi una década. En 2008, la Gobernación comenzó el proceso de licitación para adjudicar un contrato de vigilancia y seguridad privada. El 10 de septiembre de ese año, el contrato fue entregado a la firma Provitec, como quedó plasmado en un documento oficial que no fue firmado por Diazgranados sino por Úsuga, entonces gobernadora encargada. La decisión se reversó días después, pero dos meses más tarde, cuando David Murcia Guzmán, fundador de la pirámide, fue capturado y el tema estalló, empezaron los problemas para el gobernador Diazgranados.
Murcia fue capturado el 19 de noviembre de 2008 y tres semanas más tarde la Fiscalía abrió indagación preliminar contra Diazgranados y contra otro gobernador: Joaco Berrío, del departamento de Bolívar, quien también acaba de ser llamado a juicio por sus supuestos nexos con DMG.
Había otro hecho que vinculaba a Diazgranados con DMG: una de sus filiales, DMG Publicidad, había elaborado miles de camisetas, botones, gorras y stickers para su campaña electoral de 2007, igual que lo había hecho con la campaña de Berrío. A este último lo comprometió, además, que le habrían dado $1.000 millones para la campaña.
Hasta cuando fue capturado, Murcia Guzmán era un empresario en ascenso, cerebro de un controversial pero exitoso negocio en el cual la gente invertía un dinero y en cuestión de meses, semanas o hasta días lo recuperaba con unas jugosas ganancias que superaban con creces las ofrecidas por el sistema financiero tradicional. Personas del común, funcionarios públicos, altos oficiales de la Fuerza Pública: DMG fue atractiva para todos los sectores de la población. Hasta que la cuerda se reventó y Murcia Guzmán fue extraditado a Estados Unidos por lavado de activos. Ya pagó su pena; lo espera otra en Colombia.
Además del tema del contrato con Provitec y del material proselitista, un tercer hecho comprometió a Diazgranados con DMG: el mismo día en que Murcia Guzmán fue arrestado, corrieron la misma suerte Margarita Pabón y Daniel Ángel, socios estratégicos de Murcia Guzmán en la estructuración de DMG. De ellos tres, sólo Ángel, miembro de la alta sociedad bogotana —en contraste con Murcia o Pabón—, se salvó de la extradición. Ángel fue capturado en un penthouse el mismo día que Murcia Guzmán, con más de $500 millones en efectivo, y acompañado precisamente por Ómar Diazgranados.
Desde ese momento, Diazgranados ha negado todo vínculo con DMG. Dijo que estaba con Ángel por razones fortuitas, negó haber recibido elementos de campaña de la pirámide y con más razón rechazó el haber favorecido a la empresa Provitec con un contrato. Ese, sin embargo, no fue el único lío que quedó de su administración, la cual ni siquiera pudo terminar. En diciembre de 2011, a días de salir de la Gobernación, la Procuraduría lo destituyó y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos, luego de encontrar que había comprado con sobrecostos kits escolares para los niños de su departamento.
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Tres años más tarde, la sanción llegó por cuenta de la Contraloría, que lo encontró responsable de un detrimento patrimonial de más de $3.000 millones junto con el exgobernador Trino Luna y la exgobernadora encargada Sandra Rubiano. En este caso se trataba de la construcción del Parque Cultural Taykú. Diazgranados, reconoció la Contraloría, no fue quien celebró el contrato. No obstante, según el organismo de control, “debió realizar las gestiones contractuales-administrativas tendientes y necesarias para buscar el cumplimiento de los fines estatales como era terminar las obras”, las cuales se culminaron en un 70 %.
Ahora sólo está pendiente que la Corte Suprema defina la fecha para que comience el juicio contra Ómar Diazgranados, acusado de haber tenido nexos ilegales con la pirámide de David Murcia Guzmán.