En los próximos días los paramilitares desmovilizados Armando Lugo, alias ‘El Cabezón', y Jaime Manuel Mestre Santamaría, alias 'Romario' serían llamados a declarar en el proceso que se adelanta contra la expresidente del Senado, Dilian Francisca Toro por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fijará en los próximos días las diligencias para escuchar los testimonios con los cuales se busca establecer si la congresista incurrió o no en alguna irregularidad cuando negoció unas fincas y haciendas ubicadas en el Valle del Cauca que supuestamente pertenecían a reconocidos narcotraficantes del llamado Cartel de Cali.
Sin embargo, estos mismos desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habrían sido procesados por haberle exigido hace unos años dinero a la senadora del partido de la U a cambio de no declarar en su contra.
En la investigación que se adelantó en 2011 los dos desmovilizados aseguraron en una conversación telefónica interceptada legalmente que otro senador y un magistrado de las altas cortes les estaban ofreciendo una suma de 150 millones de pesos para que acusaran a la senadora vallecaucana.
El nombre de ‘El Cabezón’ también ha aparecido en otros procesos como el del senador Luis Fernando Velasco y el excongresista Juan Carlos Martínez Sinisterra, quienes han rechazado categóricamente estas acusaciones tildándolo de “testigo falso”.
Por el primero de estos casos, un juez de la República lo condenó en 2009 a 18 meses de cárcel por el delito de tentativa de extorsión agravada después de que se comprobara que en 2007 hizo una serie llamadas al senador Velasco para exigirle el pago de 50 millones de pesos.
Igualmente le exigió al senador liberal que beneficiará a su grupo ilegal en el Congreso de la República, a cambio de no señalarlo como auxiliador de los grupos paramilitares.
El proceso contra Dilian Francisca
La Corte Suprema de Justicia aseguró en su medida de aseguró que la expresidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro , “actuó de manera consciente y voluntaria” cuando negoció con fincas y haciendas de origen ilícito, que según el alto tribunal, pertenecían a reconocidos narcotraficantes del Cartel de Cali y del Cartel del Norte del Valle.De acuerdo con el alto tribunal la senadora sabía que estaba negociando con estas haciendas de origen ilegal, "incluso firmó varios documentos donde certificaba las compras de estos predios que erán ilícitos, muchos tenían, al parecer extinción de dominio, y que luego pasaron a ser lícitos a través de maniobras de la política valllecaucana.
“Luego de la indagatoria, reprocha la Corte a la senadora Dilian Francisca Toro, socia de la agropecuaria Ceiba, ella de plano fue consiente y voluntaria en las negociaciones de los bienes San Miguel, La Milagrosa y Basilar”, dice uno de los apartes de las 125 páginas que componen la medida de aseguramiento a Dilian Francisca Toro.
Según los apartes de la medida de aseguramiento, la Corte Suprema señala que las conductas de la senadora son graves y que ella lo pudo evitar. “La gravedad no está en discusión pues el lavado de activos es un riesgo que tiene un componente de prevención”, indicó el alto tribunal.
Pero lo que llamó la atención de la Corte, y que a la postre determinó la medida de aseguramiento en contra de la parlamentaria, es que muchos de estos predios fueron comprados por menos de la mitad de su valor real.