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El modelo de reparación a las víctimas de la guerra en Colombia, contenido en la Ley 1448 de 2011, ha sido calificado por expertos en esta materia, como uno de los más ambiciosos el mundo. Al cumplir siete años desde su creación, y cumpliendo con una de las reglas estipuladas en la norma, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la ley reveló hoy dos cifras que resultan esclarecedoras para ver qué tan exitoso ha sido este prototipo aplaudido por la comunidad internacional. (Ley de Víctimas, logros y retos)
La Comisión, compuesta por la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Mesa Nacional de Víctimas, explicó que de los 552 procesos de reparación colectiva, incluidos en los registros oficiales, ninguno han culminado y que, en materia de reparación individual todavía hace falta que se indemnice administrativamente a el 93% de las víctimas que están ya dentro de las cifras oficiales. (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sigue siendo una promesa incumplida)
En marzo del año pasado, la exdirectora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria aseguró en las páginas de este diario que desde la creación de la Ley de Víctimas se estaban adelantando 303 procesos de reparación colectiva y que, si se aplicaba el Acuerdo Final tal cual se firmó en el Teatro Colón en diciembre de 2016, la cifra de este tipo de reparación se podía multiplicar. Sin embargo, lo que advierte la Comisión es que, ante las dificultades presupuestales y de articulación y coordinación, resulta casi imposible avanzar en resultados.
Además de los problemas que evidenció la Comisión, hay que tener en cuenta los procesos de reparación colectiva son especialmente complejos por las fases que se deben cumplir. De acuerdo con las reglas planteadas en la ley, son tres: primero se identifica cuántos miembros tiene el grupo, cómo fueron victimizados y qué es lo que los diferencia del resto de la población (si son indígenas, mujeres, etc). La segunda, la más delicada, consiste en una fase de construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva y en él, todos los miembros del grupo deben sentirse representados en lo que se pacte. (Un balance poco alentador en la reparación de víctimas)
Los expertos en este tipo de modelos de reparación aseguran que “si la organización no tiene un buen liderazgo y una comunicación sólida, se puede quedar estancado en esta fase por años” y que, además, cuando se trata de comunidades indígenas, es necesario convocar a una consulta previa. Al finalizar estas dos etapas, llega la final: implementar el plan y, una vez se cumplan todos los puntos de ese proyecto, la reparación colectiva queda consolidad y es un proceso que puede tardar varios años.
Por otra parte, según la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, es escaso el avance que se ha hecho a las víctimas que tienen el derecho a una indemnización administrativa. De acuerdo con cifras oficiales que maneja la Unidad de Víctimas, el Estado ha invertido más de $3,1 billones para indemnizar a 503.716 víctimas. Sin embargo, según cifras de la Comisión, todavía hace falta que el 93% de los afectados reciban estos pagos. Los observadores de la ley dijeron, además, que todavía es incipiente la aplicación de criterios para darle prioridad a adultos mayores, a quienes sufren discapacidad por cuenta del conflicto o enfermedades catastróficas.