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El 19 de junio de 2018 se conoció la decisión de la Fiscalía General de la Nación de archivar la indagación preliminar contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, por su supuesta participación en la adición del tramo Ocaña- Gamarra a la multinacional Odebrecht. Esa decisión se tomó al considerar que no se habían encontrado elementos suficientes para vincular a las exfuncionarias en estos actos de corrupción. Este miércoles, el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, quien tiene a su cargo algunos procesos relacionados con los sobornos de Odebrecht, decidió reversar esa decisión y revivir el caso.
El proceso inicial contra las exministras lo había anunciado en 2017 el fiscal Néstor Humberto Martínez por la presunta participación con el otrosí por el que se adjudicó la vía Ocaña-Gamarra que se conecta con la Ruta del Sol. Al parecer, en un testimonio juramentado el exsenador Otto Bula vinculó a la exministra Cecilia Álvarez, quien para ese entonces estaba al frente del Ministerio de Transporte. Sin embargo, el jefe del ente acusador se declaró impedido en abril del año pasado para asumir tal investigación argumentando que en el año 2012 emitió́ un concepto como abogado para la "Concesionaria Ruta del Sol SAS”, específicamente para la construcción de la vía Ocaña-Aguas Claras-Gamarra-Puerto Acapulco.
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Allí, Martinez señaló que la construcción de dicha vía debía hacerse por licitación, con el propósito de respetar la igualdad entre los proponentes. Por tales hechos, designó a la vicefiscal María Paulina Riveros para adelantar todo lo pertinente con este caso. El pasado 13 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia designó a Espinosa como fiscal ad hoc, para tres casos, incluido este de las exministras.
Cabe recordar que el debate para elegir al fiscal ad hoc inició con la controversia causada por la revelación de varias grabaciones del excontroller de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, y el entonces asesor jurídico del Grupo Aval, hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez. En esos audios se evidencia que Martínez sospechaba de las irregularidades ocurridas con la multinacional brasileña. Tras ello, desde varios sectores se empezó a pedir un fiscal ad hoc que se encargara del caso, argumentando que la vicefiscal María Paulina Riveros no era una funcionaria independiente y estaba supeditada a las órdenes del fiscal Martínez.
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La Procuraduría también vinculó a Gina Parody al proceso disciplinario contra la también exministra Cecilia Álvarez. El ministerio público investigó un posible conflicto de intereses o un impedimento por parte de Parody para actuar en la suscripción del Conpes 3817 de 2014, que permitió hacer adiciones al contrato inicial de la Ruta del Sol 2, “teniendo en cuenta que la aprobación del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social podría beneficiar a su familia, que hacía parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A”, aseguró la Procuraduría.