La Fiscalía General citará a interrogatorio en los próximos días al exsecretario General de la Alcaldía de Bogotá, Yuri Chillán y a un grupo de 10 personas por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon el llamado 'carrusel de la contratación'.
El exfuncionario, considerado la mano derecha de Samuel Moreno Rojas durante su administración, tendrá que responder por su presunta participación en el delito de interés indebido en la celebración de contratos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Igualmente se anunció la nueva solicitud de una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento al concejal Wilson Duarte por presuntamente recibidor dineros del exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano con el fin de omitir los controles políticos en el cabildo distrital frente a las irregularidades que rodearon la celebración del contrato para la prestación del servicio de ambulancias. Ante esto tendrá que responder por su presunta participación en el delito de cohecho propio.
Además será citado a imputación de cargos al exgerente de la empresa Patria S.A., Javier Mejía Bernal, quien habría entregado comisiones con el fin de beneficiarse de los contratos para el mantenimiento de la malla vial en el año 2010. Este dinero se lo habría entregado al expresidente del Concejo de Bogotá, Hipólito Moreno y los cabildantes Andrés Camacho y Orlando Parada Díaz. En la diligencia tendrá que responder en dicha audiencia por el delito de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo.
El ente investigador también compulsará copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que se investigue la actuación del senador Efraín Torrado y el exrepresentante a la Cámara, Germán Olano Becerra. En el primer caso se busca establecer si incurrió en un tráfico de influencias “en su relación” con la entonces directora de la Secretaria de Integración Social a través del contratista Julio Gómez.
En el caso del excongresita por Bogotá, se solicitó que se le investigue por presuntamente haber recibido 600 millones de pesos por parte del contratista Julio Gómez González del Hospital de Meissen, ubicado en el sur de la capital de la República. Olano Becera ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a ocho años de prisión después de que aceptara su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Los otros 10 interrogatorios
La Fiscalía General citará además a interrogatorio al exconcejal de Bogotá, Carlos Romero Jiménez, esposo de la precandidata a la Presidencia de la República, Clara López Obregón, quien además fungió como alcaldesa encargada de Bogotá después de la suspensión emitida por la Procuraduría General en contra de Samuel Moreno Rojas.
El excabildante será investigado por su presunta participación en los delitos de cohecho propio puesto que habría recibido dinero de Julio Gómez para la intervención en la Secretaria de Obras Públicas de Bogotá.
Igualmente será llamado al concejal Darío Fernando Cepeda, quien en dicha diligencia tendrá que responder por el delito de cohecho propio por dar u ofrecer por supuestamente haber recibido dineros de Julio Gómez “en temas relacionados con la contratación en el Hospital San Blas”, ubicado en la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá.
En los próximos días será citado además Eugenio Varela Beltrán, exsubsecretario de Salud del Distrito investigado por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon las irregularidades en la celebración del contrato para el servicio de las ambulancias en Bogotá. Por esto tendrá que responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.
Por su parte la exsecetaria general de Integración Social, Mercedes del Carmen Ríos por su presunta responsabilidad y participación en diferentes contratos con Fundaciones “vulnerando así la selección objetiva incurriendo así en un interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el lleno de los requisitos legales”.
Por su parte la exsecetaria general de Integración Social, Mercedes del Carmen Ríos por su presunta responsabilidad y participación en diferentes contratos con Fundaciones “vulnerando así la selección objetiva incurriendo así en un interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el lleno de los requisitos legales”.
Jorge Enrique Pizano, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá deberá responder “por continuas irregularidades en procesos de contratación en esa entidad del Distrito durante la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas”.
Será citado además el contratista Andrés Cardona Laverde, quien deberá responder por los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
El exdirector del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, Mauricio Solano Sánchez deberá responder pos las presuntas irregularidades que habrían rodeado el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
También será llamado a interrogatorio Fernando Álvarez Morales, quien fungió como secretario de Movilidad. “Se le investiga por los posibles delitos de contratación sin el lleno de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos durante 2007 - 2011”.
Carlos Lizcano Benítez, exgerente del Hospital de Meissen de Bogotá, quien es investigado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos para la construcción del centro médico ubicado en el sur de Bogotá.
Por último será llamada a interrogatorio Myriam Margot Martínez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) investigada por su presunta participación en los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Estas decisiones se tomas gracias a la información entregada por los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, el expresidente del Concejo de Bogotá, Hipólito Moreno y el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, quienes han colaborado con la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales.