Padres de Rafael Uribe Noguera se negaron a declarar ante la Fiscalía

Archivo

La Fiscalía General llamó a declarar a Rafael Uribe Rivera y María Isabel Noguera en el marco de la investigación que se adelanta por los hechos que rodearon el secuestro, violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní por parte de su hijo, el arquitecto Rafael Uribe Noguera en hechos registrados el pasado 4 de diciembre en Bogotá.

El ente investigador busca establecer si los padres del confeso asesino tuvieron participación o conocimiento alguno en estos hechos. Sin embargo, por medio de su abogado hicieron llegar un memorial fiscal que adelanta el caso manifestándole que se acogían a su derecho a guardar silencio.

Esto, según explicó el jurista Pedro Aguilar León, con el fin de no incriminarse. "Además de ser los padres de la persona que está encarcelada, son los padres de dos personas que están imputadas en este momento. Entonces con cualquier manifestación puede incriminarlos”, le precisó el abogado a CM&.

Aguilar aseguró que en este caso el vínculo de consanguinidad, afinidad o grado civil está protegido por la ley para que las personas tomen la decisión de no declarar en un proceso o investigación. Es decir, no pueden ser obligados a declarar en contra de sus familiares. 

Los investigadores buscan establecer si los padres de Rafael Uribe Noguera tuvieron conocimiento preciso sobre los hechos registrados en el apartamento 603 del edifico Equus 66 en el sector de Chapinero Alto. Principalmente si se acercaron o ingresaron al inmueble en la tarde del 4 de diciembre.

Fuentes cercanas confirmaron que existen versiones que los ubican como los primeros en haber llegado a la escena del crimen, cuando se conoció la noticia que las autoridades buscaban la camioneta gris –que estaba a nombre de la esposa de Francisco Uribe Noguera- en la que había sido raptada la menor de siete años en el Barrio Bosque Calderón Tejada.

Para el próximo 11 de enero está fijada la audiencia en la cual Rafael Uribe Noguera aceptaría su responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple y acceso carnal abusivo agravado por los que será acusado formalmente por la Fiscalía General. Desde el 7 de diciembre se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota.