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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) acaba de publicar un informe en el que se pronuncia con relación al seguimiento que hace sobre el caso colombiano ya que, desde junio de 2004, según ese mismo ente investigador, “existe fundamento razonable para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad por parte de distintos actores desde el 1º de noviembre de 2002. Entre ellos asesinatos, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual, secuestros, entre otros delitos. El informe de 13 páginas conocido por El Espectador concluye que las autoridades colombianas han dado “pasos significativos” para investigar estos delitos, pero que continuara haciendo seguimiento al caso colombiano.
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A su vez señaló que seguirá en contacto con las autoridades colombianas y partes interesadas para construir un “marco de parámetros referenciales” con el fin de que la Fiscalía de la CPI tenga ciertos referentes para concluir si deberá abrir una investigación. “El propósito de este marco es permitir a la Fiscalía identificar los indicadores que en principio le permitirían, cuando sea oportuno, concluir si deberá proceder a abrir una investigación o deferir a los procesos de rendición de cuenta nacionales, como consecuencia de actuaciones nacionales relevantes y genuinas. La Fiscalía espera poder compartir un borrador del marco de parámetros referenciales con las autoridades colombianas y otras partes interesadas para recibir sus observaciones durante la primera mitad de 2021″, concluyó la Fiscalía de la CPI.
Y añadió que “La información disponible indica que las autoridades colombianas siguieron tramitando actuaciones judiciales nacionales relevantes para el examen de admisibilidad de la Fiscalía, tanto ante la justicia ordinaria como de los sistemas de la Ley de Justicia y Paz y la JEP. Las autoridades colombianas parecen haber hecho avances en la investigación de conductas que subyacen a los casos potenciales identificados por la Fiscalía. Durante 2021, la Fiscalía seguirá en comunicación con las autoridades colombianas para obtener mayor información sobre las actividades que conducen a la iniciación de procesos individuales, que podrían surgir de los macro casos relevantes ante la JEP, así como también sobre la identificación de casos seleccionados para medidas adicionales, entre ellos investigaciones y enjuiciamientos”, concluye la Fiscalía de la CPI.
El documento detalle que la Fiscalía General de la Nación y la JEP entregaron información sobre en qué van los procesos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”, delitos sexuales y por motivos de género y desplazamientos forzados. Además, estas entidades informaron sobre los procedimientos que abordan la promoción y expansión de los grupos paramilitares y guerrilleros. Hasta noviembre de 2020, la JEP informó que había dictado 35.015 decisiones relacionadas con siete macro casos relativos a delitos representativos relacionados con el conflicto y a otros aspectos procedimentales. La JEP señala que 12.625 personas han firmado actas de sometimiento ante ella, incluidos 9.767 miembros de las exFarc, 2.733 miembros de las fuerzas armadas y otros 115 agentes del Estado.
“La JEP señaló que continuaba su trabajo sobre siete macro casos, dictó resoluciones sobre la participación de las víctimas ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (“Sala de Reconocimiento de Verdad”), transmitió copias de versiones voluntarias a las víctimas e inició actividades preparatorias para el dictado de resoluciones de conclusiones. Además, la JEP señaló que ha recibido 311 informes sobre crímenes relacionados con el conflicto procedentes de organizaciones de víctimas, de miembros de la sociedad civil y de entidades estatales, incluyendo más de 30 informes sobre violencia sexual cometida en el contexto del conflicto armado”, apuntó la Fiscalía de la CIP.
En cuanto La Fiscalía, dice el cuerpo investigativo de la CIP, proporcionó información sobre el estado y avance de sus procedimientos a octubre de 2020. El ente investigador colombiano estaba llevando adelante 2.683 casos contra civiles o agentes del Estado que no eran miembros de las fuerzas públicas por crímenes relacionados con la promoción, apoyo o financiamiento de grupos ilegales. De ellos, 1.329 estaban activos, mientras que otros 1.354 estaban inactivos. sobre los primeros, 703 guardaban relación con crímenes presuntamente cometidos por civiles, 283 por agentes estatales combatientes y 343 con agentes estatales no combatientes.
Según la Fiscalía, 1.325 casos están en etapa de investigacion y cuatro están en etapa de juicio. Se informa que se han emitido decisiones en relación con 15 casos: diez resultaron en condenas, dos en absoluciones, y tres alcanzaron la etapa de la determinación de la pena luego de una sentencia anticipada. En relación con los 29 casos representativos priorizados contra terceros civiles y agentes estatales vinculados a los actores armados al margen de la ley, la Fiscalía General informó que 25 de los 29 casos habían sido priorizados luego de considerar las pruebas, factibilidad y viabilidad de la investigación y la eficacia del enjuiciamiento. De los 25 casos, la información señala que 20 están en etapa de investigación y cinco en etapa de juicio. La Fiscalía también informó que se habían dictado condenas en relación con dos casos y que en un caso se había alcanzado la etapa de determinación de la pena luego de una sentencia anticipada.
Asimismo, el ente investigador de la CPI señaló que recibió información de organizaciones sociales expresando su preocupación sobre aspectos de los procesos judiciales que están bajo la lupa del tribunal internacional. “Entre las preocupaciones expresadas están la supuesta falta de coordinación y cooperación dentro de las jurisdicciones en Colombia y entre ellas; la necesidad de estandarizar las actividades investigativas entre todos los macro casos que lleva adelante la JEP, así como también establecer criterios claros para evaluar las contribuciones a la verdad. Además, la Fiscalía recibió información que describe los desafíos respecto de la capacidad de investigar y enjuiciar terceros civiles en el marco del sistema de justicia ordinario”, reza el documento.
La Fiscalía de la CPI también informa que este cuerpo de investigación del alto tribunal también ha seguido la difícil situación en Colombia sobre “el deterioro de la situación de seguridad de defensoras/es de derechos humanos y de las comunidades afectadas por el conflicto armado. La Fiscalía también constata que el nivel de violencia en zonas rurales, incluyendo áreas previamente ocupadas por las FARC-EP, ha aumentado significativamente. Según la información disponible, entre las principales causas del aumento de la violencia están las disputas en curso por el control de economías ilícitas entre múltiples grupos criminales y organizaciones criminales transnacionales”.