La Fiscalía General citó a audiencia de imputación de cargos contra el Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Juan Carlos Junca por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración del contrato en octubre de 2011 y que tuvo un costo de 106 mil millones de pesos.
Este convenio contractual, que fue adjudicado durante la administración de Clara López Obregón como alcaldesa encargada, tenía como objeto el monitoreo de los 500 carros recolectores-compactadores que recogen los residuos sólidos en Bogotá.
Según Blu Radio, para garantizar la entrega de este contrato se pagó una comisión de 1.400 millones de pesos dirigidas al contratista Emilio Tapia quien se los entregó al suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.
El mandatario distrital habría dado la orden de favorecer a la empresa Distromel que resultó beneficiada con el contrato de recolección de basuras. (Ver Fiscalía investiga presuntas irregularidades de contrato adjudicado en administración de Clara López)
Por estos hechos tendrá que responder además el exsudirector de la Uaesp, Juber Martínez; el actual subgerente técnico de la empresa Aguas de Bogotá, Carlos César Pastrana y la exdirectora de Aguas de Bogotá, Myriam Margot Martínez.
El pasado viernes, el abogado Manuel Sánchez dio detalles sobre las irregularidades que se presentaron durante el proceso de licitación, adjudicación y celebración de este contrato.
Estas declaraciones fueron hechas en el juicio contra el abogado Álvaro Dávila Peña, considerado por las autoridades como el “cerebro” del ‘carrusel de la contratación’.