Fiscalía investiga presuntas irregularidades de contrato adjudicado en administración de Clara López

Tiene que ver con el convenio contractual celebrado entre la Uaesp y una empresa para hacer el monitoreo de los carros recolectores compactadores en Bogotá.

Ante el juez primero de conocimiento de Bogotá, el empresario Manuel Sánchez dio detalles sobre las irregularidades que se presentaron en la celebración de contratos en la capital de la República durante la administración de Samuel Moreno Rojas. Sánchez, quien tenía una relación cercana con el mandatario distrital, aseguró que en diversas reuniones se fijó la forma en cómo se iban a dividir dichos convenios contractuales.

En su intervención, el jurista aseguró que se conformó una "empresa criminal" entre los contratistas Emilio Tapia, Julio Gómez y los Nule, así como el abogado Álvaro Dávila Peña y el entonces senador del Polo Democrático, Iván Moreno Rojas para la entrega de contratos viales. Para esto se modificaron los pliegos de condiciones en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Todos los contratistas anteriormente mencionados habrían financiado la campaña a la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas, quien lideró las reuniones para hablar de dicho tema. Sin embargo, al poco tiempo de su elección se presentaron “roces” puesto que se anunció el cobro de una comisión para la entrega de dichos multimillonarios contratos entre los que se encontraba la Fase III de TransMilenio, reparación de la malla vial y valorización.

Sánchez también hizo referencia a la reunión en Miami (Estados Unidos) donde se plantearon los problemas para la entrega de dichos contratos viales, así como el relleno de Doña Juana, la recolección de basuras y el Sistema Integrado de Transporte. En esta participaron el contratista Emilio Tapia, el congresista Iván Moreno Rojas y el abogado Álvaro Dávila.

Para garantizar la entrega de contratos se buscó el nombramiento de los directores del IDU, la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), la Secretaría de Movilidad y el Fondo de Vigilancia y Seguridad.

El abogado señaló que después de la suspensión del cargo por parte de la Procuraduría General a Samuel Moreno Rojas se habrían presentado otras irregularidades en la entrega de contratos. En este punto hizo referencia a uno adjudicado durante la administración de Clara López Obregón como alcadesa encargada.

Este haría referencia a un convenio firmado entre la Uaesp y la empresa Distromel “que fue adjudicado en la administración de la doctora Clara López Obregón y del director encargado, en ese momento el doctor Juan Carlos Junca porque la doctora Myriam Margot había sido destituida por la Procuraduría”.

“La Fiscalía General está investigando los hechos de la adjudicación y todo lo que pasó con ese contrato de Distromel que su objeto era el monitoreo de los 500 carros recolectores-compactadores que recogen los residuos sólidos en Bogotá. Una central donde pueden ubicar cada uno de los carros que están rondando por la ciudad y el número de toneladas que están llegando al relleno sanitario de Doña Juana”, indicó.

El abogado aseguró que en la investigación han rendido declaración los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, así como Jesús David Sierra (primo de Emilio Tapia) “contando lo que pasó en el proceso licitatorio, adjudicación y ejecución de este contrato”.