:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/Gy7SbLcD2ng6KPXlA8bjuci9cOQ=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/LMVTZM5RBZABHLWUTIIGS23JFE.jpg)
El fiscal general (e) Fabio Espitia le ordenó este lunes a sus fiscales delegados ante la Corte Suprema iniciar las investigaciones correspondientes sobre las denuncias de “chuzadas” supuestamente cometidas desde el comando de inteligencia del Ejército y ordenadas por altos mandos militares. “Es una información que la Fiscalía no tenía”, dijo Espitia, descartando que esta fuera una de las líneas de investigación manejadas por el organismo en otros casos de interceptaciones ilegales que involucran a miembros de la Fuerza Pública.
Vea: El nuevo escándalo de chuzadas que opaca al Ejército
Espitia confirmó la versión del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien señaló que tan pronto el Gobierno tuvo conocimiento de las denuncias, se puso en contacto con él para solicitarle que iniciara las indagaciones que permitan establecer responsabilidades. Sobre ese diálogo, el jefe del ente investigador reveló: “Le pregunté al ministro si había una investigación interna y me dijo que sí. Le pedí, entonces, que me la hiciera llegar lo antes posible las conclusiones de esa auditoría”. Asimismo, explicó el fiscal, “como hay una mención a un general de la República, investigarlo le corresponde a una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.
El ente investigador tendrá la responsabilidad de verificar las denuncias de la revista Semana. Según la investigación realizada por la publicación periodística, en el último año, dentro del Ejército se habría ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicaciones sin ningún tipo de orden ni justificación legal. Entre las víctimas estarían Roy Barreras, senador del Partido de la U; Camilo Romero, exgobernador de Nariño, y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Las interceptaciones ilegales se habrían realizado desde dos guarniciones: una en Catam y la otra en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá.
Este lunes, el fiscal (e) Espitia confirmó algunos datos que aparecen mencionados en la investigación periodística. Por ejemplo, que el pasado 18 de diciembre hubo una diligencia de inspección ordenada por la Corte Suprema al comando de Inteligencia de Facatativá. Según explicó Espitia, él se comunicó con el presidente de la Sala de Instrucción del alto tribunal, quien le confirmó la existencia de la diligencia, y, aunque no reveló quién, dijo que estaría relacionada con algún aforado constitucional (congresistas o ministros), pues son esos los funcionarios que puede investigar esa corporación.
En el informe titulado “Chuzadas sin cuartel”, Semana revela testimonios de algunos miembros de inteligencia militar involucrados en estos hechos, quienes denuncian cómo se venía operando y la manera como recibían las órdenes directamente desde el Comando del Ejército, sin ningún tipo de soporte legal. Entre las posibles víctimas también estarían figuras políticas de la oposición y periodistas.
Las actividades involucran a los batallones de ciberinteligencia (Bacib), que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), los cuales dependen orgánicamente del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim).
El fiscal (e) Espita señaló que ya se comunicó, por ejemplo, con el senador Roy Barreras y se entrevistará en los próximos días con él para conversar sobre las acciones que tomará la Fiscalía en el marco de este nuevo escándalo. Asimismo, el fiscal se refirió a la denuncia del entrante alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de que encontró micrófonos en su despacho. Según Espitia, el director del CTI le dijo que era necesario que funcionarios de la Fiscalía se desplazaran hasta el lugar y así lo hicieron en las últimas horas para verificar las circunstancias de lo denunciado por Ospina.
Según Espitia, es vital por ahora establecer qué equipos y softwares fueron utilizados para estas supuestas interceptaciones, la licitud de los mismos y quiénes dieron la orden, para, posteriormente, llevarlos ante la justicia. A su vez, se refirió a los avances de otra investigación por interceptaciones ilegales que se orquestaron desde el interior de la propia Fiscalía, un caso en el que, como en este nuevo caso, las víctimas fueron personas de la oposición, pero también empresarios. Por este expediente, se han logrado al momento una condena, una acusación, cinco procesos en juicio, cinco indagaciones, entre otros.