La investigación por el caso de la desaparición y posterior muerte reportada en combate de 11 jóvenes de Soacha está asignada a una Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía y no se ha enviado ningún expediente a la Justicia Penal Militar, como se había reportado en el comienzo.
La Fiscalía explicó que, por el contrario, se ha reclamado la entrega de los expedientes de dos casos que fueron remitidos al Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar, antes que el Fiscal General, Mario Iguarán Arana, le otorgara competencia a la Unidad y advirtió que planteará conflicto positivo de competencias si no se entrega el caso a la justicia ordinaria.
En consecuencia , el conocimiento de las desapariciones de los once jóvenes le correspondió a una Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH con sede en Bogotá; mientras que los homicidios cometidos en jurisdicción del departamento de norte de Santander, como son: Julio César Mesa Vargas, Jonatán Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcera, Víctor Fernando Gómez Romero, Andrés Palacio Bustamante, Fair Leonardo Porras Bernal, Elkin Gustavo Verano Hernández, Julián Oviedo Monro y Joaquín castro Vásquez , seguirían bajo la dirección de una Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en la ciudad de Cúcuta.
Así mismo, los homicidios de Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, ocurridos en la jurisdicción de Cimitarra, serían de conocimiento de un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, con sede en la ciudad de Bucaramanga.
Hasta el momento la Fiscalía de Derechos Humanos y DIH en Cúcuta, espera la remisión de los expedientes tanto a la Fiscalía Primera Seccional de Ocaña, como al Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar, para que los casos fueran devueltos a la jurisdicción ordinaria.
Los fiscales de Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga están trabajando conjuntamente y se realizarán reuniones semanales para determinar los avances.