Fiscalía pide investigar al general (r) Maza Márquez por el magnicidio de Carlos Pizarro

La captura del exdetective del DAS, Jairo Ernesto Gómez Muñoz el pasado lunes le dio un vuelco de 180 grados a la investigación que se adelanta por los hechos que rodearon el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez registrado el 26 de 1990 en pleno vuelo. Para María José Pizarro, hija del exjefe del M-19, esta detención es un paso fundamental para establecer a los responsables del asesinato de su padre.

Pese a que desde hace 27 años era un secreto a voces la participación de agentes del Estado en la ejecución del plan para atentar contra Pizarro Leongómez, la resolución de acusación emitida por la Fiscalía General en contra de Gómez Muñoz –quien hacía parte de su cuerpo de escoltas- da luces sobre la responsabilidad de los hombres asignados por el entonces DAS para además desviar la investigación.  

En la resolución de acusación de 300 páginas, un fiscal compulsó copias ante la misma Fiscalía General para que se investigue la participación del exdirector del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez, por los hechos que rodearon el cambio de escoltas del exlíder del M-19, Carlos Pizarro. "Se busca establecer por qué existió una intencionalidad por desviar la investigación desde el primer momento", precisó María José Pizarro, en diálogo con RCN Radio. 

"Tiene que dar explicaciones sobre el cambio de los escotas. De la preparación de las personas que llegaron a proteger a mi padre ¿cuál fue la reacción inmediata y posterior? Así como las decisiones que se fueron tomando en esos días cuando era el Departamento que estaba además adelantando las investigaciones por su asesinato", agregó Pizarro. 

Considera que ahora la Fiscalía General debe identificar a todas las personas que participaron en el plan y su ejecución. El general (r) Maza Márquez fue condenado el 24 de noviembre por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia por su participación en el plan para atentar en contra de la vida del precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, en hechos registrados el 18 de agosto de 1989 en Soacha (Cundinamarca).

Para el alto tribunal, sin justificación alguna el oficial ordenó cambiar al jefe de escoltas de Galán Sarmiento, que en su momento era el hombre más amenazado del país por los carteles del narcotráfico y los grupos paramilitares. En el fallo se destaca que con esta acción se debilitó la seguridad del Galán Sarmiento, quien llegó a la plaza central de Soacha con pocos hombres de seguridad.

Pizarro Leongómez fue asesinado por un sicario de 22 años identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, alias 'Yerri' quien se encontraba en el vuelo comercial. Se pudo establecer que en efecto el sicario, quien se encontraba en la silla número 5 se paró en pleno vuelo, se dirigió al baño trasero. Pocos minutos después salió y se acercó al puesto de Pizarro con una subametralladora.

Acto seguido le disparó en repetidas oportunidades causándole la muerte. Inmediatamente Gómez Muñoz, quien hacía parte del esquema de seguridad del candidato presidencial, le disparó en tres oportunidades a 'Yerri', quien ya había sido retenido por los otros escoltas. La tesis de la Fiscalía es que se ejecutó un plan para asegurar el silencio del sicario.

La Fiscalía General lo cobijó con ley 600 en el proceso que se le adelanta por los delitos de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. En diciembre pasado el exescolta del DAS ya habría rendido indagatoria dentro de la reactivación de esta investigación.

Por estos mismos hechos la Unidad citó a indagatoria al coronel en retiro Manuel Antonio González, quien para la época de los hechos fungía como director de Protección del DAS. El oficial en retiro está actualmente a la espera del fallo en el proceso  que se le adelanta por los hechos que rodearon el magnicidio del precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.

Por el crimen de Pizarro Leongómez fueron condenados a 24 años de prisión los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, máximos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el fallo emitido el 18 de diciembre del 2002 por el juzgado primero del circuito especializado de Bogotá se determinó que los procesados fueron los autores intelectuales del crimen.