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El 10 de diciembre de 2014 a Colombia le notificaron la condena que profirió en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de 11 personas, la ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán y las torturas a las que fueron sometidas al menos tres personas tras el holocausto del Palacio de Justicia. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo entonces que el Ministerio de Hacienda ya tenía listo el dinero para pagar las indemnizaciones monetarias que había ordenado la Corte en favor de los familiares de las víctimas.
Hoy, a seis semanas de que se cumpla el plazo que estableció el tribunal en su fallo, ninguna de ellas ha sido indemnizada. Y es que los pagos que implicaba para el Estado la sentencia de la Corte IDH no eran menores: nada menos se podía esperar dada la gravedad de los hechos. Entre padres, hijos, cónyuges y hermanos de las víctimas, el Estado colombiano debía indemnizar a 138 personas por cifras que oscilan, dependiendo del caso, entre US$20.000 y US$100.000. El pago global será de al menos US$3 millones. Aunque no es un tema de dinero: las víctimas del Palacio, todas, llevan más de tres décadas exigiendo conocer la verdad de lo que ocurrió con sus familiares.
Después de 31 años de que el Palacio de Justicia se convirtiera en un campo de batalla, la mayoría de los padres de los desaparecidos han fallecido sin encontrar a sus hijos ausentes. De los 22 padres, sólo cuatro quedan vivos. En agosto de 2015, el Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), que lleva la defensa de varias de las víctimas, presentó ante el Ministerio de Defensa las solicitudes para el cobro de las indemnizaciones de todos los casos que contempla el fallo, pero fue hasta agosto de este año que esa entidad respondió a su solicitud.
El Ministerio de Defensa informó que, según la ley, los beneficiarios debían hacer el trámite de las sucesiones de los padres o los fallecidos del núcleo familiar. El problema es que, le explicó a este diario el abogado del Cajar Eduardo Carreño, estos trámites pueden tardar entre ocho meses y un año por la vía notarial, e incluso más si la familia decide hacerlo a través de un juzgado.
Por esta razón, el pasado 19 de septiembre los familiares de las víctimas y sus abogados se reunieron con el Ministerio de Defensa, la Cancillería y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado para buscar una solución alternativa a las sucesiones. “Hemos pedido que el trámite sea con el Ministerio de Defensa directamente. Nosotros les propusimos que les lleváramos los certificados de defunción de las personas fallecidas, y como ellos ya tienen las listas de los familiares favorecidos por el fallo, determinaran los herederos”, explicó Carreño.
El pasado 12 de octubre, casi un mes luego de esa respuesta, René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín —desaparecida cuyos restos fueron hallados hace un año—, le envió un correo a la Cancillería en nombre de los familiares de las víctimas de la sentencia de Corte IDH, en el que pidió información sobre el trámite. Un día más tarde, la Cancillería le envió un escueto oficio, con fecha del 7 de octubre, en el que le informan que a la semana siguiente se realizaría “una reunión con funcionarios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Defensa Nacional, con los objetivos de analizar y encontrar alternativas”.
Los familiares aún esperan la respuesta de las entidades, pero este diario ya supo que el Estado les exigirá hacer los trámites completos de sucesión tal cual indica la norma. El pasado 26 de octubre, René Guarín recibió un oficio de la Cancillería en el que le decían que ellos simplemente estaban a la espera de la respuesta del Ministerio de Defensa. Esa cartera, a su vez, le dijo a El Espectador que se encargaría puntualmente de ciertos pagos, la Policía de otros, y que ambas entidades están a la espera de que Hacienda gire los recursos necesarios para esta tarea pendiente.
Por su parte, la Cancillería le dijo a este medio que “se han adelantado exhaustivas labores de consolidación y recopilación con el fin de verificar los pagos realizados por entidades del orden nacional, siendo necesario consultar archivos que datan desde el 6 de noviembre de 1985” y, aseguran, este es el motivo por el cual no han cumplido aún.
Además, señaló que está adelantando los “pagos parciales frente a la obligación, es decir, cancelar a aquellos beneficiarios que no revisten dificultad”. Por su parte, la Agencia Jurídica del Estado dijo no poder referirse a esta materia por ser un asunto cuya vocería recae en la Cancillería.
Tanto los abogados como los familiares de las víctimas no se explican cómo faltando unas cuantas semanas para que se venza el plazo para pagar, el Gobierno aún no es claro con el paso a seguir, y las entidades encargadas parecen responder con evasivas. Para René Guarín, “los temas de verdad, justicia y reparación de este caso emblemático, han sido resultado de la pelea con el Estado, nada ha sido fácil”. Por su parte, los abogados del Cajar sospechan que el Gobierno no tiene el dinero para indemnizar y por eso está “dilatando sus obligaciones”.
Cuando se cumplieron 30 años del holocausto que se vivió en el Palacio de Justicia, el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón en nombre del Estado por lo allí ocurrido. El acto fue una de las diversas órdenes que la Corte Interamericana dio en su fallo por este caso.