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En 2001, a Diana Vega le salvaron la vida los médicos del hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa (Cundinamarca). Pero la contagiaron de VIH sida al suministrarle sangre contaminada. Los profesionales de la salud se escudaron en que el grave estado de la paciente —debido a varias heridas de bala— y la ausencia de reservas de sangre ameritaban la transfusión inmediata —y sin control— de las unidades de sangre que llegaran de otros hospitales.
El caso llegó al Consejo de Estado, que no estuvo de acuerdo con los médicos y sostuvo que es deber de las instituciones de salud contar con las debidas reservas de unidades de sangre para eventuales casos de urgencia. Por eso, acaba de condenar al hospital Pedro León Álvarez Díaz, de La Mesa (Cundinamarca), y de exigirle al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud publicar en sus páginas web una copia de esta sentencia, con el fin de que “ estos hechos no vuelvan a ocurrir”. El link debe permanecer en los portales ya mencionados durante por lo menos seis meses. Un importante fallo producido en el marco de otro aniversario del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, que se llevó a cabo este lunes.
Según el Consejo de Estado, “resulta lógico y natural que una institución médica cuente con los debidos insumos médicos y clínicos para brindar a los pacientes una correcta atención y no puede escudarse en su propia negligencia y falta de previsión para exculparse de la responsabilidad que le corresponde, máxime tratándose de un insumo de tanta importancia como las unidades de sangre”. Y agregó que en este caso fue “evidente la falta de diligencia de la entidad demandada y la forma desentendida y gravemente anormal como se manejó la transfusión de sangre a la paciente, sobre todo si se tienen en cuenta las graves consecuencias de una enfermedad como el VIH. Así, pues, en el caso concreto se desconoció la dimensión objetiva de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad física de la señora Diana ”.
No es la primera vez que la justicia colombiana condena a un centro de salud por un “yerro de tal magnitud”. En octubre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia condenó a la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, propietaria de la Clínica Palermo de Bogotá, por infectar de VIH a uno de sus pacientes. De acuerdo con el alto tribunal, la clínica “incumplió la obligación de seguridad que tenía con el paciente”.
La Corte sostuvo: “El deber de seguridad no sólo se manifiesta en la necesidad de evitar que el paciente sufra accidentes o eventos traumáticos en el curso de la atención médica u hospitalaria, sino también en garantizar que los distintos aparatos, elementos, instrumentos, insumos, fármacos o materiales que son utilizados para la atención de la enfermedad no causen daños a las personas que son beneficiarias de los servicios de las clínicas u hospitales”.
En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud (INS), hay 83.938 casos de infección por VIH, un virus que afecta el sistema inmune. No obstante, se calcula que en el país podría haber más de 300 mil casos que no han sido diagnosticados. De acuerdo con cifras reveladas por el INS en 2010, “para 2002 la Organización Mundial de la Salud estimó que entre 5% y 10% de las infecciones por el VIH correspondieron a infecciones transmisibles por transfusión. Se estima además que cada año las transfusiones e inyecciones inseguras explicarían entre ocho y dieciséis millones de casos de infecciones por hepatitis B, 2’300.000 a 4’700.000 infecciones por hepatitis C y 80.000 a 160.000 infecciones por VIH a nivel mundial”. Por ello el control a las unidades de sangre es obligatorio en Colombia desde 1991. Lo que no ha impedido casos tan desastrosos como el de Diana .