Inhabilitan de por vida a magistrados que defraudaron a Ecopetrol

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En la investigación del caso conocido como Pozo de la Dicha, la Fiscalía encontró una intrincada red de corrupción en la que participaban abogados y magistrados del tribunal de Cúcuta para condenar de forma irregular a Ecopetrol y así obtener millonarias sumas de dinero. Por su participación en esta empresa criminal fueron condenados a 20 años de prisión los exmagistrados del Tribunal Félix María Galvis Ramírez y Fernando Castañeda Cantillo.

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Ahora, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en un proceso disciplinario los encontró igualmente responsables del ilícito, por lo que los exmagistrados fueron destituidos e inhabilitados de por vida para ejercer funciones de justicia. Para el Consejo Superior, “el fallo que profirieron los Magistrados Galvis y Castañeda contra la petrolera se apartó del marco jurídico y probatorio durante la investigación”.

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Así mismo, la sala disciplinaria consideró que los magistrados no revisaron la sentencia de primera instancia, al reiterar los errores de la decisión de primera instancia, “al no analizar las pruebas presentadas y los argumentos planteados en la apelación para proferir la decisión de segunda instancia”. Además, habrían violado las normas del orden público al dictar una sentencia genérica.

Los dos magistrados fueron condenados a 20 años de prisión por participar en el carrusel de tutelas que causó detrimentos a Ecopetrol por más de $137.475 millones. En ese momento, el alto tribunal encontró culpable a los togados de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato.

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Según la investigación de la Fiscalía, entre 2010 y 2011, la Sala Laboral del Tribunal concedió millonarias sumas de dinero a los tutelantes a través de sentencias que eran falladas en contravía de la ley y que la Corte Constitucional revocó un año después, en 2012. Las investigaciones arrojaron 18 fallos a favor de 580 accionantes y en contra de la petrolera. Para cometer estas irregularidades, detalló la Fiscalía, los funcionarios judiciales concertaron previamente con varios de jueces y abogados litigantes.

Durante la lectura del fallo condenatorio, la magistrada de la Corte Suprema Patricia Salazar aseguró que las decisiones proferidas por los dos togados fueron ilegales. Además, señaló que "Se establece que la comunidad delictiva tenía el claro propósito de ejecutar conductas punibles pues se pretendía favorecer por medio de fallos ilegales a un número indefinido de empleados y exempleados de Ecopetrol", explicó la magistrada.

Por este caso también están siendo procesados los abogados José Trinidad Minota Quintero, Asael Argüello Cortés y Jorge Luis Horta Orozco. Estos son señalados por los delitos de prevaricato en calidad de determinadores, peculado y concierto para delinquir. Los tres están en prisión mientras se desarrolla el juicio en su contra.