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Este lunes, Luis Guillermo Vélez Cabrera, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, radicó una queja formal ante la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura para que investigue las conductas irregulares que habría cometido la abogada Ana Karina Pacheco Caro, al presentar tres demandas contra del Estado sin cumplir con los requisitos establecidos para presentar dichas peticiones.
En la carta, Vélez Cabrera expresa que las demandas (dos acciones de grupo y una demanda de reparación directa) contra del Estado carecen “de un mínimo de argumentación necesaria para constituir los elementos de la responsabilidad del Estado, la falta de material probatorio aportado o solicitado y la ausencia de criterios para estimar las cuantías”.
Primera demanda
La primera demanda es una acción de grupo presentada por la jurista contra de Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Oleoducto Central, Ecopetrol, Petro Inversiones Limitada y Finosca S.A. Pacheco Caro, en representación de 120.000 personas, pide que se declare responsable al Estado por los daños que ocasionó el derrame de 69 barriles de crudo el pasado 20 de julio de 2014 en el Golfo del Morrosquillo, ubicado entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
En ese aspecto, la abogada pidió una indemnización de siete billones de pesos por los daños a los hoteleros y dueños de apartamentos en Tolú y Coveñas, a los administradores de los destinos turísticos así como a los vendedores ambulantes. Pero, además, pidió una compensación de 100 salarios mínimos (siete billones de pesos) que, según ella, corresponde al daño moral causado a las 120.000 personas. En total la reclamación asciende a 16 billones de pesos convirtiéndose, según la Agencia Nacional, en la tercena demanda más cuantiosa en contra de la Nación.
“Esta acción de grupo promovida por la abogada coordinadora Pacheco Caro presenta serias, graves y notorias deficiencias, desde lo fáctico y jurídico, en la forma como se determina el grupo de actores, en la identificación de elementos que configurarían la responsabilidad extracontractual estatal y, sobretodo, en la estimación razonada de los perjuicios indemnizables”, señala la denuncia.
Segunda demanda
La segunda demanda, que también es una acción de grupo, fue presentada por la abogada el 3 de febrero de 2015 en contra del Ministerio de Transporte, Ministerio De Defensa Nacional, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Sucre, Superintendencia de Puertos y Transporte y el Departamento de Sucre. En la demanda la jurista, en representación de 28 personas, pidió declarar responsable a las entidades por los trámites realizados por parte de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Sampués (Sucre) porque, según ella, esta entidad no estaba legalmente constituida.
En la petición, presentada ante el Tribunal Administrativo de Sucre, Pacheco Caro pidió $427.000 millones por concepto de perjuicios patrimoniales y $279.400 millones por daño en afectaciones por comparendos y multas impuestas, vehículos matriculados, pagos de impuestos anuales de carros y camiones, entre otros trámites. Sin embargo, la reclamación no termina ahí. Ana Karina Pacheco Caro pidió otros $147.000 millones por las personas perjudicadas y $22 billones por daño moral de los afectados “como quiera que la imposición de multas, comparendos y sanciones les causó daños de índole moral”, señaló Pacheco Caro en la demanda presentada en 2015.
La Agencia Nacional expresa que en la clasificación de los 50 procesos más cuantiosos contra la Nación, esta demanda ocupa el segundo lugar al ascender a $26 billones de pesos. “Es evidente que los perjuicios estimados en esta demanda corresponden a una estimación manifiestamente inflada, exagerada y abusiva de la cuantía de los perjuicios, materiales y sobretodo extrapatrimoniales”, dice la entidad en la denuncia.
Tercera demanda
Por último, Ana Karina Pacheco Caro presentó una acción de reparación directa en contra del Ministerio de Minas y Energía, el Departamento de Antioquia, Corantioquia, el Departamento de Sucre y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y San Jorge (Corpomojana) por una supuesta “falla en el servicio, ocasionada por la falta de control en la expedición de permisos para la explotación minera y falta de vigilancia de la industria minera para evitar la contaminación del río Cauca y su actitud omisiva ante la crisis ambiental”, explicó la abogada en la demanda.
Esta demanda asciende a $53.214 millones pero, según la Agencia Nacional, “no contiene una sola prueba de nexo de causalidad entre las enfermedades padecidas por las personas que representa, ni informes médicos que así lo indiquen, y lo que se solicita para probar el daño son testimonios de personas para que declaren sobre su afectación personal y moral. Por lo tanto, a la causa alegada no se le acompaña de soporte alguno”.
En consecuencia, para la entidad las pretensiones de la abogada son “sumamente infundadas, elevadas y exageradas” al clasificarse dos de las demandas en segundo y tercer lugar dentro de las demandas que actualmente la Nación tiene en su contra.