El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte le solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la asignación de recursos con el fin de darle continuidad a las medidas de descongestión en la Rama Judicial.
El magistrado recordó que las medidas de descongestión están aseguradas hasta el próximo 15 de noviembre, hecho por el cual se requiere una asignación presupuestal de 73 mil millones de pesos antes de la finalización del presente año.
“Por lo tanto se requiere con urgencia al Gobierno Nacional para la asignación de estos recursos”, precisó el presidente de la Judicatura mediante un comunicado en el cual solicitó además que estos recursos son necesarios para facilitar la resolución de los ciudadanos en sus conflictos judiciales.
Igualmente los presidentes de las altas cortes le solicitarán el próximo martes al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón una reunión extraordinaria para tratar el tema del presupuesto para ampliar el Plan Nacional de Descongestión.
El pasado 13 de octubre el fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett, solicitó mediante un oficio, a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que se tomen medidas que permitan la descongestión judicial.
Entre las medidas requeridas está la asignación de jueces especiales para casos priorizados y la suspensión de reparto a los jueces que conocen procesos de connotación, con el fin de evitar dilaciones que afectan la adecuada administración de justicia y la reparación a las víctimas en casos de importancia nacional.
El alto funcionario manifestó la preocupación institucional, dado que a pesar del fortalecimiento de las capacidades de la entidad en la etapa de investigación y acusación gracias al proceso de modernización y restructuración, se evidencian retrasos al momento de la presentación de los casos ante los jueces de la República.
Al respecto destacó algunos ejemplos como el caso Interbolsa, en el cual la audiencia de imputación tomó más de seis meses para ser evacuada; o los procesos relacionados con el llamado Carrusel de la Contratación en Bogotá que han tenido igualmente demoras e incluso han estado cerca de producir situaciones como el vencimiento de términos.
En ese caso del carrusel, señaló el alto funcionario que la audiencia preparatoria de Samuel Moreno ha tomado cerca de dos años, y el recurso de apelación de la audiencia preparatoria en el proceso de Lucy de Moreno lleva más de de un año sin ser resuelto en el Tribunal Superior de Bogotá.
Igualmente, el Fiscal Montealegre citó uno de los procesos del desfalco a la DIAN, cuya audiencia preparatoria lleva más de 50 sesiones, y también el de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).