Judicatura y Policía aclaran controversia por compra de camionetas blindadas

Ambos procesos contractuales iniciaron mucho antes de que iniciara la pandemia. / Archivo

Este martes el país se despertó con dos noticias muy similares. Una emisora radial denunció que, en plena pandemia por el coronavirus, la Rama Judicial estaba comprando 51 camionetas blindadas para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por más de $13.000 millones. Otra emisora anunciaba una compra similar hecha por el Ministerio de Defensa para cambiar los carros de la Jefatura para la Protección Presidencial de la Policía, por más de $9.600 millones. Sin embargo, con el pasar del día las entidades fueron explicando que estos procesos los venían gestionando mucho antes de saber que el mundo se iba a sumir en una emergencia sanitaria. 

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La dirección general de la Policía explicó, por ejemplo, que desde 2018 se planteó la necesidad de cambiar estos vehículos blindados, pues se trata de modelos 2011, que ya son considerados obsoletos. Tras hacer todo el trámite, el ministerio de Hacienda les aprobó los recursos en octubre de 2019 para que fueran utilizados en 2020. La institución adelantó todo el proceso contractual, y finalmente efectuó la compra por $9.641 millones, según señaló en un comunicado. El proceso, dice la Policía, cumplió todas las normas y como "se encuentra perfeccionado y en firme, una eventual terminación o suspensión del mismo ocasionaría demandas en contra de la Nación".

Por otra parte, El Espectador habló con el director ejecutivo de la Rama Judicial, Mauricio Cuestas sobre todo el proceso contractual. Al igual que en el caso de la Policía, venían solicitando desde hace un buen tiempo cambiar los vehículos y finalmente los compraron a comienzos de marzo. En entrevista, Cuestas explicó los pormenores de esta transacción.  

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¿Desde cuándo tenían planeado comprar estos vehículos?

El presupuesto que se ejecuta este año fue aprobado por el Congreso en octubre del año pasado y para poder tener el presupuesto aprobado tiene que tener un plan de inversión. A la par, el Consejo Superior de la Judicatura nos aprueba anualmente el plan operativo antes de finalizar cada año, porque uno tiene que tener todo listo antes de pedir la autorización para contratar. Pero es que dicen: "en plena pandemia y ustedes comprando carros". Claro que eso suena maluco, pero no es así. 

¿Por qué se iban a comprar estos carros este año?

El Gobierno tenía un artículo en la ley anual de presupuesto que prohibía comprar vehículos y nos tocaba arrendarlos a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que sale carísimo. Por ejemplo, nosotros les pagamos mensualmente por cada camioneta modelo 2019 la suma de $14.8 millones. Yo hablé con el Ministerio de Hacienda y les demostré que salía más caro alquilarlos y era mejor comprar nosotros mismos los vehículos, porque nosotros necesitamos los carros permanentemente y tenemos carros de ocho, diez años de uso. Entonces, además de esta compra, probablemente se vendrán otras porque necesitamos renovar le parque automotor. 

Hice un estudio y rentar un carro de la UNP por tres años vale alrededor de $600 millones. Mientras que, comprarlo, como lo hicimos, vale $260 millones. Y es un carro que dura hasta 10 años. Pero además de renovar nuestro parque automotor teníamos que comprarles carros a los magistrados de las salas nuevas de la Corte Suprema: la de descongestión laboral, creada en 2016, y las de Primera Instancia e Instrucción, que se crearon con una reforma constitucional en 2018, porque los que ellos tienen en este momento son arrendados.

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¿Cuándo se inició el proceso de contratación?

El proceso se inició desde enero. Se firmó el contrato a comienzos de marzo, pero para esa fecha no se sabía que esto se iba a poner tan grave. Es más, así supiéramos, esa plata no se puede reorientar para otra cosa porque el presupuesto también tiene unas inflexibilidades que impiden coger la plata de construcción, por ejemplo, para comprar otra cosa. Además, estos recursos no son del Presupuesto General de la Nación, que es algo muy importante de aclarar, sino del presupuesto de la Rama Judicial, con lo que el Gobierno tampoco podría utilizarlos. 

¿Por qué usted insiste en que el Estado se está ahorrando plata al comprar estas camionetas?

Porque rentar los carros nos vale mucho más que comprarlos. Estos carros valen $260 millones cada vehículo. Esa es una inversión que equivale a 19 meses de renta de un carro igual, pero nos van a durar mucho más. 

¿Cómo se asignan estos vehículos? 

De acuerdo a un estudio que hace la oficina de Seguridad de la Rama Judicial. Ellos miran el tiempo de uso del carro, la necesidad que tiene cada juez de acuerdo con el nivel de riesgo al que se vean sometidos por su trabajo. Porque, aquí hay que aclarar que estos carros son para la Corte, pero además de ellos, algunos jueces, como los de extinción de dominio, corren riesgos especiales. A mí me entregan ese estudio de seguridad y eso es lo que compramos.

¿En qué fase está el contrato y cuándo piensan recibir los carros?

Ya se contrató y lo que estamos pidiendo es que nos entreguen 21 primero para reemplazar los que tenemos rentados. Porque ese trámite de traer los carros aquí al país y demás, es demorado. Si esta pandemia no hubiera pasado, nos habrían entregado los primeros carros en julio, más o menos, pero ya se corrió la fecha y parece que nos los entregan en septiembre. Los otros 30, por allá en noviembre.