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En la mañana de este lunes el contratista Julio Gómez, implicado en el 'carrusel de la contratación' rinde interrogatorio por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
La diligencia judicial se adelanta ante un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio en relación con el origen de sus bienes.
Se espera que el próximo 26 de junio una juez decida si avala o no el preacuerdo firmado entre Gómez y la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.
En el documento se estable que la pena que recibirá será de 10 años de prisión y una multa que se tendrá que establecer en una audiencia de incidente de reparación.
Igualmente se indica que Gómez colaborará con las autoridades entregando información relacionada con los hechos de corrupción que rodearon la entrega de multimillonarios contratos viales en la capital de la República durante la administración de Samuel Moreno Rojas, principalmente.
Esto se apoyará con el principio de oportunidad al que llegó el contratista con la Fiscalía General por el delito de concierto para delinquir en el cual se comprometió a entregar documentos claves sobre estos convenios.
Gómez es una de las cabezas más visibles dentro del llamado 'carrusel de la contratación' puesto que de manera irregular obtuvo una serie de contratos viales sin cumplir los requisitos exigidos para su celebración y ejecución, lo que trajo además una serie de complicaciones a los capitalinos.
En el caso del 'carrusel' igualmente se pudo establecer que la Fiscalía General firmó un principio de oportunidad con el exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Luis Eduardo Montenegro en el marco del proceso que se le adelanta por el llamado 'carrusel de la contratación' en la capital del país.
Igualmente el ente investigador concretó en los últimos días las negociaciones que se venían adelantando con el abogado Manuel Sánchez, así como con Jorge Betín y Manuel Pastrana.
Según se ha podido establecer, estas negociaciones buscan esclarecer las presuntas irregularidades que rodearon la adjudicación y ejecución de multimillonarios contratos viales durante la administración del alcalde Samuel Moreno Rojas.