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El pasado 10 y 11 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adelantó las audiencias por el caso ‘Manuela vs El Salvador’. Se trata de un expediente ocurrido en el país centroamericano, cuando ‘Manuela’, una mujer pobre y analfabeta de 31 años, que no tenía acceso a educación reproductiva, fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, luego de que una doctora la acusara de abortar voluntariamente un feto de siete meses.
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El Colectivo Feminista y el Centro de Derechos Reproductivos están al frente de la demanda con la cual se busca que el Estado salvadoreño reconozca a ‘Manuela’ y a su familia como víctimas de violaciones a sus derechos humanos. La Corte IDH recibió la demanda en 2019 y, desde entonces, estudia si condena al país centroamericano por el caso de la mujer campesina, quien siempre aseguró desconocer la presencia del feto y quien murió esposada a una cama, de un cáncer linfático no atendido.
‘Manuela’ era una mujer admirable, que padecía unas pésimas condiciones sociales. Durante la década del 2000, crió sola a sus hijos de entonces siete y nueve años, a quienes su padre abandonó. Su familia la recuerda como una mujer cariñosa, que en medio de la pobreza buscó que sus hijos estudiaran y que trabajaba para llevar a casa la comida. Desde 2007, ‘Manuela’ sufría de cáncer linfático avanzado, unos tumores que le causaban fuertes dolores en su abdomen.
‘Manuela’ quedó embarazada de una breve relación que sostuvo en 2007, situación que nunca confirmó y que, de manera espontánea, vino a saber tiempo después. El 26 de febrero de 2008, cuando tenía siete meses de embarazo, sufrió una fuerte caída mientras lavaba ropa en un río. Al día siguiente tuvo un parto precipitado en un orinal. ‘Manuela’, entonces, se desmayó y fue trasladada a un hospital.
“En el hospital, fue consultada por la doctora tratante sobre si su esposo sabía lo que había hecho, y pese a que ella manifestó haber tenido un aborto espontáneo, la doctora la acusó ante las autoridades policías de aborto voluntario, producto de un embarazo resultado de una infidelidad, siendo interrogada por la policía pese a su estado de salud, sin compañía de un abogado”, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual le envió el caso a la Corte IDH en 2012.
Los familiares le contaron a la Comisión Interamericana que, al día siguiente, agentes de la policía fueron a la humilde casa, hecha con barro y ubicada en medio de una selva espesa, amenazando a los padres de ‘Manuela’ de ser detenidos si no confesaban el delito. Habrían insultado a la madre de la mujer, acusándola de encubrir el supuesto aborto voluntario. Asimismo, denunció la familia, la policía manipuló el acta de investigación, indicando que el mismo padre de ‘Manuela’ había acusado a su hija.
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“Cuando a mi hija la capturaron me hicieron poner la huella, porque yo no puedo leer ni escribir. Yo pido justicia porque no se pueda hacer en otra gente, en otras mujeres. Porque para las mujeres no hay justicia. Y gracias a la Corte por escucharme, vienen en lucha pues ellos. Y gracias a Dios se cumpla lo que nosotros pensamos”, le explicó el padre de ‘Manuela’ al Colectivo Feminista y el Centro de Derechos Reproductivos, en una entrevista reciente.
El 28 de febrero de 2008, ‘Manuela’ fue arrestada y permaneció detenida por ocho días, hasta ser trasladada al Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de San Miguel, una ciudad ubicada al sur de El Salvador. Durante esos días, los familiares se dieron cuenta que, en el acta levantada por la policía, el día de la captura, quedó plasmado que la mujer de 31 años fue aprendida “en flagrancia” por el delito de homicidio.
El Tribunal de Sentencia de San Francisco de Gotera, el 31 de julio de 2008, condenó a ‘Manuela’ a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, cuya prueba principal era la misma supuesta denuncia que el padre de la mujer firmó con su huella, el día de la captura. El juez expuso que el feto habría muerto por asfixia mecánica por obstrucción de la vía superior y hemorragia severa por el ombligo. La familia asegura que el abogado delegado por el Estado, que recién conocieron en la audiencia de lectura de sentencia, no peleó el recurso disponible para intentar tumbar el fallo.
La madre de ‘Manuela’ dejó de hablar con la mujer condenada, pues en las visitas al Centro Preventivo de San Miguel “era sometida a inspección vaginal y anal en contra de su voluntad, en condiciones no higiénicas, sufriendo graves consecuencias en su salud mental”, como denunció ante la Comisión Interamericana. Durante el tiempo que ‘Manuela’ estuvo detenida, recibió una escasa atención médica, a tal punto que le cortaron el ciclo completo de quimioterapias. El 30 de abril de 2010, falleció esposada a una cama.
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“En El Salvador existe una situación estructural de denegación de derechos humanos, que conlleva a la persecución penal condena y encarcelamiento d mujeres que sufren emergencias obstétricas. El código penal vigente criminaliza el aborto en todas las circunstancias con penas máximas privativas de libertad de 10 años. Agregan que, para el delito de homicidio como delito conexo al de aborto, se establecen penas privativas de la libertad de 30 a 50 años”, explicó la Comisión Interamericana sobre la demanda de ambos colectivos.
Ahora la familia de ‘Manuela’ pide la urgente intervención internacional de la Corte IDH. Aún en el humilde hogar está la foto de la mujer, en medio de una galería que muestra los triunfos más importantes de sus hijos, como graduaciones y hasta un segundo lugar en competencias deportivas. “Yo como era el último, era el que ella más quería. Ella poco me regañaba, era super cariñosa. Ella me bañaba. Es complicado no tener a nadie que le dé órdenes, alguien que pueda estar ahí dando consejos”, explicó el hijo menor de ‘Manuela’ en entrevista.
El nombre fue cambiado a petición del Colectivo Feminista y el Centro de Derechos Reproductivos, para resguardar la intimidad de la mujer*