La importancia de la Ley Rosa Elvira Cely

ISABEL AGATON, ABOGADA/MAURICIO ALVARADO/EL ESPECTADOR/BOGOTA/COLOMBIA

Foto: MAURICIO ALVARADO

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En mayo de 2012, un crimen —en un país habituado a los crímenes— conmocionó a todo el país de una forma que poco se había visto: el de Rosa Elvira Cely. La mujer de 35 años, quien trabajaba como vendedora ambulante de día y validaba el bachillerato de noche, fue brutalmente agredida por un compañero de estudios, Javier Velasco Valenzuela. Los detalles atroces de lo que ocurrió esa noche son ya conocidos: él la apuñaló, abusó sexualmente de ella y le introdujo elementos extraños en el cuerpo al punto de destrozar sus entrañas. Y todo en pleno corazón de Bogotá, en el Parque Nacional.

Mientras Colombia entera exigía la captura de su agresor, lo cual ocurrió en cuestión de días, los colectivos de mujeres, que venían estudiando el tema del feminicidio, le tomaron el pulso a la coyuntura y entendieron que la muerte de Rosa Elvira Cely debía significar mucho más que un momento de indignación colectiva. Así fue como esas organizaciones, encabezadas por el Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho (Cisjusticia), decidió poner sobre la mesa un debate que en el país no se había dado: reconocer que la violencia de género era un problema mucho mayor de lo que se había admitido.

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“Rosa Elvira expuso las múltiples formas de violencia a las que estaban expuestas las mujeres y para las cuales el legislador no tenía respuesta. Con el caso empezaron a haber voces en favor de una reforma legislativa, hablaban de pena de muerte, de cadena perpetua. Lo que hicimos fue leer ese llamado que hacía la ciudadanía, que quería acciones efectivas”, relata Isabel Agatón, quien junto a mujeres de Cisjusticia como Blanca Lilia González o Nidia Olaya, logró estructurar el proyecto de ley que se radicó en el Congreso el 20 de julio de 2012, dos meses después de la muerte de Rosa Elvira Cely, el cual reconocía los asesinatos a mujeres, en ciertas condiciones, como violencia de género.

“Estamos en mora de discutir el tema”, señalaba en ese momento la representante del MIRA Gloria Inés Díaz, una de las que respaldó la propuesta. Otras congresistas como Ángela Robledo —hoy fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro— y Angélica Lozano se sumaban al proyecto, que hablaba de cómo las mujeres podían ser víctimas mortales de las relaciones desiguales con los hombres que las rodeaban. México, el país donde más mujeres morían de forma violenta, ya había reconocido el feminicidio como un tipo penal de asesinato desde 2007; lo mismo habían hecho Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Chile, Perú y Nicaragua entre 2007 y 2012.

Esa iniciativa, sin embargo, se hundió en las aguas del Congreso. El proyecto tuvo que ser presentado una vez más antes de que la Cámara y el Senado le dieran su visto bueno. Así, el 6 de julio de 2015, nació la ley “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio”, más conocida como la Ley Rosa Elvira Cely. “Ha sido importante haber promovido la ley para generar conciencia en la sociedad y el aparato judicial. Se ha logrado visibilizar la violencia contra las mujeres, se ha logrado entender que es una problemática grande en nuestro país”, evalúa hoy Adriana Arandia, hermana de Rosa Elvira Cely, quien después del asesinato de su hermana comenzó a trabajar fuertemente en la prevención de la violencia de género.

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Con esta norma, los atacantes de las mujeres sólo por su condición de ser mujer (por ejemplo, su pareja, expareja o hija) perdieron la posibilidad de obtener beneficios penales como los preacuerdos. Se aumentaron las penas en prisión. No todos han estado de acuerdo con estas medidas: un estudio extenso sobre la proporcionalidad de las penas, elaborado por los abogados Ricardo Cita e Iván González Amado, con el respaldo del Ministerio de Justicia y cooperación internacional, señalaba que estas leyes tenían que ver más con el “populismo penal” basado, principalmente, en “las pretendidas demandas de seguridad ciudadana” que, en su criterio, no legitimaban el “incremento desproporcionado de las penas”.

Isabel Agatón, por su parte, sigue convencida de que la Ley Rosa Elvira Cely es un logro para la sociedad colombiana: “Se visibilizó un fenómeno que antes quedaba oculto en las cifras de homicidios, pues no se evidenciaba que las mujeres corrían más riesgo en sus casas. La ley, además, se ha constituido como en una lupa para visibilizar las violencias que anteceden al feminicidio: sexual, intrafamiliar y de pareja. Se han promovido acciones en el interior de entidades como la Fiscalía, la Secretaría de la Mujer y Medicina Legal. Otra consecuencia que he visto de forma paulatina es la enseñanza del derecho con perspectiva de género. Creo que el país sí ganó al reconocer el feminicidio”.