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Por una deuda de $450 millones, el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, mandó matar a 11 personas. Así lo ha dicho, precisamente, el excomandante de las autodefensas ante la Fiscalía. Y, lo que es peor: al parecer Vanoy recibió ayuda de agentes del Ejército para llevar a cabo su sangrienta venganza. Cuatro de los 11 homicidios perpetrados en esta retaliación fueron realizados por hombres de la IV Brigada, quienes supuestamente estaban en desarrollo de un operativo contra milicianos de las Farc. La matanza se realizó el 28 de febrero de 2004, en el apartamento 916 del bloque 4 del conjunto residencial Parques del Estadio, ubicado en inmediaciones de la sede de la IV Brigada en Medellín.
Al principio las víctimas —Fredy Hernán Berrío Torres, Óscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo— fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. La Fiscalía investigó el hecho y concluyó que el operativo era legal. Pero los familiares de Peñaranda y Arias, convencidos de que sus familiares no eran de las Farc, demandaron al Estado por sus muertes. Y en un proceso paralelo la Fiscalía les fue dando la razón.
Primero, el ente investigador descubrió que ninguna de estas cuatro personas era guerrillero y que alrededor del tan celebrado operativo existieron irregularidades. Los familiares de Peñaranda y Arias le solicitaron al Consejo de Estado que tuviera en cuenta tanto las declaraciones de Cuco Vanoy como las investigaciones que se han abierto por esta masacre, antes de fallar sobre la posible participación de miembros del Ejército. Y el alto tribunal acaba de acceder a esa solicitud.
En un documento, conocido por El Espectador, el Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía N° 15 de Justicia y Paz de Medellín que remita “copias auténticas y las declaraciones del proceso adelantado contra Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, en lo que tiene que ver con la masacre de los señores Óscar Peñaranda Ortiz y Rafael Arias Arias, Fredy Hernán Berrío Torres y Jesús Antonio Carvajal Mazo”.
De la misma forma, ordenó que la Oficina Nacional de Derechos Humanos en Bogotá, Fiscalía 9 Especializada, certifique “el estado en que se encuentra la investigación en contra de los señores Rogelio Ernesto Echeverri Palacios, Luis Demetrio Valencia Jiménez y Gustavo Alonso Valencia Quintero”. El primero, el capitán que dirigió el operativo, y los otros dos, agentes que formaron parte de esta cuestionada acción, la cual en un principio fue presentada como exitosa.
La historia de esta venganza demuestra la sevicia de la que fueron capaces los paramilitares. Toda esta matanza fue por cuenta de que dos de las víctimas, los hermanos Hugo y Fredy Berrío, se negaron a pagarle a Vanoy $450 millones de ‘multa’ por comerciar con coca en su territorio y no haberle informado al amo y señor del bajo Cauca. Cuando los Berrío se negaron a pagarle a Vanoy fue el infierno. El 30 de noviembre de 2002 —día en el que se vencía el plazo para que los hermanos pagaran su deuda— los paramilitares secuestraron y asesinaron a Diego Barrientos y Norbey Diosa Chica, dos de los hombres de confianza de los Berrío.
Al otro día, Fabio León Gutiérrez, administrador de unas cabinas telefónicas de propiedad de los hermanos, llamó a Fredy Berrío para contarle lo sucedido. Berrío le respondió que saliera de Caucasia y viajara a Medellín. Pero los paramilitares lo interceptaron y lo asesinaron antes de que pudiera escapar. Luego, el 3 de diciembre de 2002, asesinaron a Hugo Berrío y a su conductor Humberto de Jesús Mora Chavarría. Faltaba Fredy. Entonces Vanoy, literalmente, le puso precio a su cabeza: $500 millones.
Ahí la Oficina de Envigado, comandada para esa época por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, se puso al servicio de Vanoy. Mientras tanto Fredy cambiaba con frecuencia de paradero para que no lo encontraran. Hasta 2003, cuando se trasladó al conjunto Parques del Estadio, donde, pensaba, no lo iban a hallar. A ese lugar fueron dos socios —Wilson Alberto Agudelo y Edilson Lopera Manco— a visitarlo el 25 de febrero de 2003, con la mala fortuna de que a la salida del apartamento fueron abordados por supuestos miembros del CTI. Luego aparecieron asesinados —y con evidentes signos de tortura— en el corregimiento de San Cristóbal. En febrero de 2004 fue el turno de Fredy, quien curiosamente no murió a manos de la Oficina, sino del Ejército en un hecho todavía sin esclarecer.
De comprobarse que agentes del Ejército se confabularon con Vanoy y con la Oficina para matar a estas cuatro personas, sería imposible decir que el Estado no participó de cierta forma en esta matanza y que los familiares de Peñaranda y Arias deben ser indemnizados. De una vez la justicia le dijo que no a su demanda, con el argumento de que sus familiares murieron en un operativo contra la guerrilla y que su muerte fue “culpa exclusiva de la víctima”. Entonces el caso llegó al Consejo de Estado. La pregunta es si con este panorama ese alto tribunal confirmará ese fallo.
jjimenez@elespectador.com
@juansjimenezh