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El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó este martes en el Congreso el proyecto de ley que busca fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales y adoptar medidas para su sometimiento a la justicia. (Lea también: La eterna búsqueda del sometimiento a la justicia)
El documento tiene las mismas bases del proyecto que fue radicado el año pasado en el Legislativo bajo la figura del fast track - que no alcanzó a cursar su trámite- y con el que se buscaba dar cumplimiento al punto del Acuerdo Final de Paz relacionado con la lucha contra las organizaciones criminales. Y aunque contempla beneficios como disminución de la pena a los integrantes de las bandas que se acojan a la ley, queda claro que en ningún caso la sujeción a la justicia impedirá la extradición de los miembros de los Grupos Armados Organizados.
De acuerdo con el articulado, los grupos armados que quieran someterse a la justicia deben manifestar su voluntad por escrito al Gobierno Nacional con información precisa que "permita identificar la estructura del grupo armado organizado, su área de influencia y expansión territorial, su modo de operación y el número total de sus integrantes". Además debe haber actas de sujeción individual de cada uno de los integrantes del grupo, con nombre, documento de identificación, firma y huella.
Asimismo deberán relacionarse los bienes obtenidos durante la actividad ilegal, un plan de reparación para las víctimas, el listado con la identificación de los menores que hacen parte de la organización y "las conductas delictivas que serán reconocidas colectiva o individualmente por los integrantes de la organización, en especial lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos en ellos; tráfico de estupefacientes, lo que incluye rutas de narcotráfico, lavado de activos y ubicación de plantaciones; participación de menores en las actividades del grupo armado organizado; minería criminal y tráfico de armas".
Cumplida esa etapa, la Fiscalía General podrá suspender, por solicitud previa del Consejo de Seguridad Nacional y hasta el momento en que se emita sentido de fallo condenatorio, "las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los representantes de los grupos armados organizados y sus miembros".
Aunque el texto señala que será el Consejo de Seguridad Nacional el que establezca si se trata o no de un Grupo Armado Organizado, el articulado también determina algunas pautas para su identificación: "Aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (...) Que use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado; la población civil; bienes civiles, o contra otros grupos armados. Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el de los disturbios y tensiones internas. Que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional".
De igual forma, el documento establece la creación de las denominadas zonas de reunión de los miembros del grupo armado, que se definirán teniendo en cuenta la zona de influencia de la organización y el número de personas que se someterán a la justicia: "Podrán establecerse uno o más lugares dentro del territorio nacional. Asímismo, se podrán establecer corredores de seguridad en el territorio nacional para que las personas que quieran sujetarse a la justicia de manera colectiva se desplacen con el fin de llegar a los lugares de reunión".