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La muerte de Carlos Arturo Ospina Córdoba, hijo de la también líder asesinada Ana Fabricia Córdoba, prendió las alarmas por la presunta responsabilidad de ejércitos ilegales antirestitución en el crimen del joven y la seguridad que brinda el Estado a las víctimas. (Vea: Arrecian críticas al Gobierno por asesinato de hijo de reclamante de tierras)
Ospina Córdoba, de 22 años, es el quinto miembro de la familia que muere de forma violenta. Cuando salía de trabajar de un lavadero de carros, en el barrio Naranjal de Medellín (Antioquia), sicarios que se transportaban en una motocicleta, le dispararon en tres ocasiones en la cabeza. Su padre Delmiro Ospina también fue asesinado en 1995 en Chigorodó (Antioquia) junto con otro hijo. Luego, cuando la mujer se trasladó a Medellín, otro de ellos perdió la vida en el 2001.
Pero el drama de esa familia no paró ahí; Jonathan, el hijo mayor, también fue víctima del sicariato en julio de 2010. Los esfuerzos de la amenazada líder por esclarecer los homicidios de sus seres queridos, se truncaron el 7 de junio de 2011, fecha en la que un sicario acabó con su vida mientras se trasportaba en un bus.
En esa ocasión, la Defensoría del Pueblo recalcó la necesidad de fortalecer los programas de protección de líderes como Ana Fabricia, quien hizo parte de organizaciones sociales como la Ruta Pacífica de las Mujeres. De igual manera, con el último crimen contra esta familia, Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para el Desarrollo Social, resaltó la importancia de preguntarse cuáles fueron las medidas que tomó el Estado para proteger a los miembros de dicha familia luego de la muerte de Ana Fabricia. Hoy, solo dos de sus hijas permanecen con vida.
En este sentido, Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, afirmó que se ha generado una reducción importante de los reclamantes de tierra asesinados desde la creación de la unidad en el 2012. “De acuerdo con los datos del Acnur (Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Refugiados) y la Comisión Colombiana de Juristas, entre 2007 y 2010 fueron asesinados 215 reclamantes de tierras. Hoy se maneja una protección cautelar inmediata a las víctimas que pidan protección, actualmente hay 1.000 personas protegidas”, dijo Villamizar.
En contraste, Ariel Ávila, investigador de Paz y Reconciliación manifiesta que el Estado ha trabajado pero se ha quedado corto en cuanto a la protección de los líderes de la restitución y sus familias desde la implementación del programa en 2011. “Estos tres años dejan un balance negativo. Los líderes están pasando por un momento de guerra jurídica, están siendo acusados de terroristas y no tienen quién los defienda. En materia de justicia están los problemas más graves, se debe fortalecer la Unidad de Protección porque a nivel regional, las víctimas tienen miedo”.
De igual manera, Luis Eduardo Celis, investigador de la Corporación Nuevo Arcoiris, asocia el crimen con un nuevo paramilitarismo que pretende mantener el control en las regiones. “Son organizaciones ligadas al poder, en ciudades como Medellín son estructuras con mucha capacidad que quieren adueñarse de las tierras para trabajar alrededor de proyectos como la minería y la agroindustria”.
Sin embargo, luego de investigaciones posteriores a la muerte de Ospina Córdoba, el director de la Policía, el general Rodolfo Palomino aseguró que el crimen no tiene relación con el proceso de restitución, porque no estaba liderando ningún proceso. A su vez, el director de la Unidad de Protección, afirmó que “no se recibió ninguna solicitud de amenaza o protección por parte de esta familia”. Además, dijo que el gobierno nacional “se la está jugando en este tema, pero hay partes que solo quieren generar zozobra y pánico entre los colombianos”.