Los enredos penales de Pedro Aguilar por el cartel de la chatarrización

Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Conductores. / Herminso Ruiz

El hombre que ha liderado en los últimos años las protestas de los camioneros del país y es presidente de la Asociación Colombiana de Conductores (ACC), Pedro Aguilar, está en la mira de la Fiscalía. No sólo tiene nueve investigaciones penales por denuncias desde 2006, sino que además, por los últimos hechos violentos ocurridos durante el paro camionero que completa 41 días, le acaban de abrir otro expediente judicial. Y, desde hace siete meses, en la Fiscalía reposa una declaración que sería la piedra angular de la investigación más grave en contra de él: ser el supuesto jefe de un cartel de chatarrización de vehículos de carga.

Se trata del testimonio de Andrés Villegas, quien por años fue su mano derecha cuando era el vicepresidente de la ACC en el Valle del Cauca. Luego de caer preso y ser condenado a cuatro años y medio de prisión, Villegas denunció a Aguilar de ser la cabeza de una red criminal que estafó al Estado en los procesos de chatarrización. El testigo aseguró que Aguilar lo había amenazado con matarlo si llegaba a revelar sus vínculos comerciales ilícitos, o que pretendía desviar el proceso sobornando a dos investigadores, o que “quitaría del camino” a la fiscal del caso.

Andrés Villegas fue capturado el 5 de noviembre de 2014 junto al hermano de Pedro Aguilar, Luis Aguilar, y otras cinco personas que al parecer lideraron el cartel de la chatarrización en el Valle del Cauca. Indicó que por estar mal asesorado aceptó cargos y que jamás supo que podía obtener un principio de oportunidad si confesaba sus crímenes y delataba a sus socios. Agregó que siempre lo intimidaron Aguilar y un hombre llamado Manuel Rodríguez, el abogado de la ACC.

La primera vez que Andrés Villegas se acercó a la Fiscalía fue el 7 de diciembre de 2015, cuando se encontró con la fiscal del caso en un parqueadero y le contó que su vida, su familia y ella corrían peligro. La funcionaria lo citó a interrogatorio tres días después. El 10 de diciembre Villegas empezó contando que Aguilar había acabado con su matrimonio y le había quitado su casa. Aguilar habría engañado a la esposa de Villegas convenciéndola de que pusiera la casa de su familia a nombre de él, bajo la falsa promesa de conseguir recursos para la defensa de su marido.

El testigo de la Fiscalía relató que desde que lo capturaron recibió muchas presiones para que aceptara cargos a cambio de la seguridad de su hermana y su esposa, y de no vincularlas a la investigación por chatarrización ilegal. “Con los únicos que he delinquido en mi vida es con Luis Aguilar, Pedro Aguilar, Manuel Rodríguez, Jairo Humberto Peña, Johana Castillo, Reineiro que es el tramitador, Guillermo, que le decimos Memo y es el que marca los vehículos, dos señores de la Dijín de Bogotá que son (Luis fernando) Cruz y (Sergio) Martínez, y con los señores de la Policía de automotores de Cali Calambaz, (Hernán) Lasso y García”.

Villegas, un hombre que estudió hasta cuarto de bachillerato, le dijo a la Fiscalía que conoció a Pedro Aguilar cuando su padre era conductor de la empresa Transportes La Fortaleza, propiedad de la familia Aguilar. Que desde 1994 comenzó su amistad con Pedro Aguilar, quien desde esa época, supuestamente, traía tractomulas desde otros países de forma ilegal, haciéndolas pasar por chatarra. También sostuvo que se ganó su confianza en el año 99, cuando hubo un paro camionero en el que demostró muchas “agallas” para reventar vidrios e intimidar, por orden de Aguilar, a quienes no se unieran a las protestas.

“Yo era un tirapiedra. Yo era de combate. Por decir algo, si la Policía tiene el Esmad, yo era el Esmad (de los camioneros) que lanzaba piedras y rompía puertas. Yo le daba charlas a la gente, era el que presionaba y hasta llegué a hacer llamadas a las empresas: ‘Entonces qué, quieren que les queme las mulas o qué hijuetantas’”, le contó Villegas a la fiscal del caso, cuyo nombre se reserva por seguridad.

En su testimonio, Andrés Villegas aseguró que desde entonces estuvo al frente de muchas manifestaciones. Se arrepiente. Cree que Aguilar le lavó el cerebro y engañó a los pequeños transportadores al prometerles beneficios falsos. Aceptó que, por ejemplo, en 2006 quemó junto a dos hombres -a los que les pagaron $50.000-, un camión de un señor llamado Javier Novoa, quien se había negado a participar en una protesta y a dejar parqueadas sus 12 tractomulas. Villegas afirmó que la orden de intimidarlo vino de Pedro Aguilar.

Lo mismo sucedió entre 2012 y 2013 con unos camiones ecuatorianos, según el testimonio de Villegas, quien reveló que Pedro Aguilar habría incitado a los camioneros a destruir y quemar los vehículos que venían desde Ecuador, porque supuestamente les iban a quitar el trabajo. Andrés Villegas contó que el problema fue tan grave, que hasta la Cancillería fue alertada.

Otro hecho que puso en conocimiento de la Fiscalía es que, al parecer, Pedro Aguilar y Manuel Ramírez habrían planeado el atentado contra otro líder de los camioneros, Giovanny Carrero, quien se oponía al proceso de chatarrización que ellos dos proponían. El lío, según Andrés Villegas, fue que hubo problemas con uno de los camiones que Pedro Aguilar iba a chatarrizar ilegalmente y que eso se filtró a la prensa. Culparon a Giovanny Carrero y supuestamente contrataron a un hombre al que le decían Chuky para matarlo. Pero falló el plan porque Carrero sobrevivió.

“Se vuelve una amistad más íntima”, le dijo Villegas a la Fiscalía, al contar que en 2009 comenzó, junto a Aguilar, supuestamente a chatarrizar camiones. Andrés Villegas señaló que Aguilar le enseñó a poner los vehículos a nombre de terceros -como su esposa y su hermana- y a cambiarles las piezas para ganar más dinero. “Me di cuenta de que me volví un sepulturero de camioneros y de una plata que fue recogida para ayudar al pequeño camionero y a renovar el parque automotor. Esto no ha contribuido, sino a que se forme un monopolio en el transporte”, fueron las palabras de quien aún es vicepresidente de la ACC.

En el primer negocio que habría hecho con Pedro Aguilar, el testigo informó que su socio le enseñó igualmente a falsificar los documentos para que carros de basura, camiones pequeños, volquetas y vehículos del transporte público fueran convertidos en tractomulas chatarra y así el Gobierno les pagara entre $35 y $80 millones. Villegas declaró que Pedro Aguilar y Johana Castillo, madre de un hijo de Aguilar) tenían unas 12 estampillas con las que certificaban documentación de los camiones modificados.

Además, Villegas explicó que la mayoría de tarjetas de propiedad y carpetas en las que se guardaba la información de vehículos viejos que ya habían sido chatarrizados eran sacadas de Secretarías de Tránsito de municipios como Puerto Tejada (Cauca) y Guacarí (Valle). Con estos documentos, explicó Villegas, lograban legalizar la chatarrización de tractomulas que nunca rodaron por las carreteras del país.

Andrés Villegas testificó que a un miembro de la Policía de Cali, a quien identificó como Hernán Lasso, le pagaban con carros y con sumas hasta de $4 millones para que les ayudara a certificar los camiones que iban a ser chatarrizados. Junto a Lasso trabajaban, afirmó, otros dos policías: García y Calambaz. Los tres, según Villegas, cumplían órdenes de Pedro Aguilar y Manuel Rodríguez. Sin embargo, Villegas manifestó que él mismo era quien se entendía directamente con los policías.

“Ellos eran muy delicados”, le dijo a la Fiscalía Villegas, y añadió que sólo les pagaban en efectivo, le hacían apagar el celular y lo requisaban para que no los fuera a grabar. Entre las pruebas que entregó el testigo está una libreta en la que anotó cada uno de los negocios que hizo con Pedro Aguilar y Manuel Rodríguez. Los pagos hechos por el arreglo de cada camión, a quién se le pagaron sobornos y cuánto terminaban ganando por la chatarrización ilegal de los vehículos. Asimismo, dio números de cuentas bancarias entre las que supuestamente se hicieron giros que evidenciarían su relación con Aguilar.

Otros de los funcionarios de los que habló Andrés Villegas y que supuestamente tenían relación con Pedro Aguilar fueron dos agentes de la Dijín: Luis Fernando Cruz y Sergio Martínez, a quien le decían el Gordo. La versión de Villegas es que estos hombres fueron los encargados de adelantar las pesquisas por el cartel de la chatarrización y fueron sobornados con $10 millones para beneficiar a Aguilar. El objetivo era borrar los registros irregulares de las placas y la información de las tractomulas. Sin embargo, a mediados de 2014 la investigación tomó fuerza y al parecer nada pudieron hacer.

En el interrogatorio de Villegas se lee que Pedro Aguilar empezó a amenazarlos a todos los implicados en la red para que no fueran a confesar y terminó pactando con los investigadores que las personas a capturar eran Villegas y su propio hermano, Luis Aguilar. El testigo detalló que tal fue la presión de las autoridades, que un mes antes de las capturas el presidente de la ACC quemó más de un centenar de carpetas con información de los camiones chatarrizados y borró información de un computador que era de Villegas.

Luego vinieron los arrestos a principios de noviembre de 2014 y la presión psicológica contra Villegas supuestamente incrementó. El testigo dijo que lo dejaron seis meses en una celda de un lugar llamado El Guabal y que constantemente recibía visitas de los investigadores de la Dijín y de Pedro Aguilar, quienes lo habrían obligado a aceptar cargos y hacerse responsable de toda la red de chatarrización a cargo de que no le pasara nada a su familia.

Finalmente, Andrés Villegas reveló que le siguieron exigiendo dinero, al punto que su madre tuvo que sacar un crédito de $14 millones para que no fuera condenado. Pero luego vinieron la sentencia, las amenazas de muerte y su declaración en la Fiscalía, en la que se comprometió a ser un testigo estrella del caso. Sin embargo, ocurrió lo contrario: desde que rindió interrogatorio la investigación se frenó. Fuentes de la Fiscalía precisaron que la fiscal del caso tuvo que salir de licencia por amenazas y dejar a mitad de camino las pesquisas.

Sólo hasta finales de abril de este año el expediente fue trasladado a Bogotá. Un grupo de fiscales ya revisa detalle a detalle los pormenores del proceso contra Pedro Aguilar. Además, la Fiscalía advirtió que se reanudarán las capturas por el cartel de la chatarrización, que ya tiene tras las rejas a más de 40 personas. La declaración de Andrés Villegas es una de las pruebas fundamentales del expediente, pero aún queda trabajo por hacer, pues el testigo durante el interrogatorio aseguró que poco recordaba las fechas y que el miedo para denunciar a Pedro Aguilar en el gremio camionero era generalizado.

Nota del editor: durante el proceso de reportería para elaborar este artículo, El Espectador trató de contactar varias veces al señor Pedro Aguilar para conocer su versión. Él, al enterarse de que se trataba, optó por colgar el teléfono y no contestar más.