En defensa de los líderes sociales

Los retos de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales

Con la terna de finalistas lista solo queda esperar la decisión del fiscal general para saber quién asumirá un cargo lleno de dificultades, retos y piedras del pasado.

Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo, manifestó hace unos meses su voluntad de someterse a la justicia. Captura de pantalla/YouTube

La última fase para la consolidación de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, la cual se pactó en La Habana, está en marcha. Las tres finalistas para ocupar el puesto, Nubia Chávez, Martha Mancera y Geisa Mclaine Larrota, presentaron entrevista este lunes con el fiscal Néstor Humberto Martínez y esperan su decisión, pues será él, según se estableció en el Acuerdo de Paz, quien elija a la nueva directora de la unidad. 

No es un organismo cualquiera: tiene en sus manos la responsabilidad de lidiar con un país marcado por el fenómeno del paramilitarismo y de investigar los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, cuyas cifras están disparadas mientras el Gobierno insiste en que no son sistemáticos. En lo que va de año 78 activistas han sido asesinados y se sospecha de otros 13 casos de muertes violentas, dado que muchos familiares no denuncian los crímenes por miedo a represalias, según cifras reveladas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

(En contexto: Lista terna de candidatas para Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales)

Dentro de los responsables de estos asesinatos, están incluidos grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo, el Eln y disidencias de las Farc que buscan ocupar espacios para la realización de sus actividades ilícitas.   
Ahora se  trata de definir cómo va a funcionar el único de los organismos que nacieron con el Acuerdo Final con las Farc que aún no tiene funcionarios elegidos.

Las tres ternadas para manejar la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, son funcionarias de la Fiscalía. Martha Janeth Mancera, tiene más 24 años en la entidad. Es abogada egresada de la Universidad Libre, tiene una especialización y una maestría en derecho penal. Desde junio fue nombrada en la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía.

Geisa Mclaine Larrota es abogada de la Universidad Cooperativa y lleva más de 12 años vinculada a la Fiscalía. Otra de las ternadas es Nubia Stella Chávez Peña, tiene más de 11 años de experiencia en la Fiscalía como delegada ante tribunales de Antioquia, y participó en investigaciones de análisis y contexto relacionadas con paramilitarismo.

El reto

Una de las primeras dificultades que asumirá quien quede en este cargo será resolver los problemas que existen en la misma naturaleza del paramilitarismo. Gustavo Gallón, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas explica: “Tanto en la Fiscalía como en el Gobierno, el problema ha sido la negación de la existencia del paramilitarismo. El gobierno anterior, después de analizar el proceso con los paramilitares de 2002 y 2006, declaró que el paramilitarismo había terminado en Colombia y por consiguiente se empeñó en convencer a la población colombiana y al mundo entero de esa afirmación”. Para el jurista, asignar a estos grupos el nombre de “bandas criminales” ha sido un error, pues confunde y desvía la atención del problema. 

La Unidad se enfrenta a limitaciones marcadas por el campo en el que trabajará. Una de estas la expone Camilo Umaña, doctor en Criminología y en Sociología Jurídica con una tesis meritoria sobre el tema de impunidad, e hijo del defensor de derechos humanos Eduardo Umaña, asesinado en 1998: “Una de esas son las limitaciones jurídicas, pero sobre todo las políticas de recursos y de posibilidad de acción que tiene la justicia ordinaria. En general, el principal obstáculo es tener que estar en constante acoplamiento con la Fiscalía general de la Nación, que ha hecho tan poco para esclarecer este tipo de acciones”.

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Otro reto inminente será el de confrontar la impunidad. Al respecto, Camilo Umaña dice: “Para tratar de remover el problema de la impunidad de la operación del sistema judicial debe haber, primero, una neutralización de la capacidad del sistema político de influenciar en las formas de responsabilidad. Es decir, ningún gobierno, ningún partido, ninguna fuerza económica o política debe generar obstáculos u obstrucciones que impidan la responsabilización de las personas que han cometido delitos”. 

Por otra parte, para esta Unidad, el exterminio de la Unión Patriótica en los años 80 y 90 es un fantasma que no deja de rondar. Este año el Gobierno, en un intento por avanzar en el tema, promovió una reforma constitucional que prohíbe el paramilitarismo -primera vez que en Colombia expresamente quedó proscrita la posibilidad de que los civiles hagan justicia por mano propia-. “teniendo en cuenta que hay un ruido político muy fuerte, precisamente por los alcances que tiene esta Unidad, desde la dirección actual se ha querido muchas veces no solamente dilatar sino también pareciera que no quisieran darle su alcance real”, asegura Víctor Barrera, investigador del Cinep.

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Con el panorama servido, para Gustavo Gallón es preciso corregir los errores del pasado para lograr los resultados que plantea la Unidad: “Si se convierte en una unidad rutinaria como el resto de unidades de la Fiscalía, que dependa de la orientación y las prioridades del fiscal general, me parece que será dudoso el resultado de su actividad. Lo que se quería era que fuera una unidad que tuviera muy claramente la prioridad de actuar en relación con estos grupos y, bueno, habrá que hacer todo lo necesario para que ese objetivo se cumpla”.