El Aro 23 años después: “No se ha hecho justicia”

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Hace 23 años paramilitares incursionaron en dicho corregimiento de Ituango y asesinaron a 15 personas. En 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por esa y por la masacre de La Granja, ocurrida meses atrás. ¿En qué el cumplimiento de esas órdenes?

Este jueves se conmemoran 23 años de la masacre de El Aro, perpetrada por grupos paramilitares entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997. Allí fueron torturados y asesinados 15 campesinos, mientras que otros fueron forzados por días a arrear ganado robado. El hecho ocurrió meses después de otra matanza: la de cuatro personas en el corregimiento de La Granja, el 11 de junio de 2016, en medio de una caldeada situación de orden público y a pesar de las denuncias públicas que hizo el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo por el incremento de la violencia paramilitar en la zona.

En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por ambos hechos y dio una serie de ordenes para atender a la población que todavía -algunas-están en veremos. Por ejemplo, ordenó dar tomar todas las acciones necesarias para garantizar el regreso de los habitantes a El Aro, que salieron desplazados por la masacre. Y si esto no fuere posible, dar condiciones de estabilidad social en algún otro lugar. Se trata de al menos 500 personas, pero hoy las familias de las víctimas se encuentran en Medellín, Puerto Valdivia, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, pero no en El Aro. Allí solo regresaron unas pocas personas.

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“Los hechos fueron terroríficos. Hay personas que, hoy en día no han regresado desde que pasó y ni piensan ni quieren ir porque las huellas y el daño psicológico que dejó la masacre es impresionante”, dijo María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), que lleva los procesos judiciales por ambas masacres. “Muchísimas mujeres fueron violadas. A la gente no le dejaban recoger sus muertos”, agregó. Para poder suplir este punto, se adelantaron reuniones con lo que era Acción Social, sin poder llegar a un acuerdo sobre cómo proceder y con el fin de esa entidad, no ha habido avances nuevos.

Tampoco ha sido posible llegar a un acuerdo para poder realizar el acto de perdón que ordenó el organismo internacional. En un principio, antes de 2010, porque los familiares de las víctimas de El Aro y La Granja no deseaban recibirlo por falta de garantías y medidas. Luego, durante el gobierno de Álvaro Uribe (indagado preliminarmente por los hechos) hubo desacuerdos porque de manera unilateral se hizo una placa conmemorativa por El Aro que no decía que las 15 víctimas habían sido asesinadas, sino que “habían muerto”. Solo fue posible avanzar al respecto, durante el segundo gobierno Santos, con Guillermo Rivera como interlocutor, para hacer una nueva placa y el acto público pero la situación de orden público lo impidió.

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Y ahora, con el gobierno Duque, explica Fallon, “hay pocas condiciones”. De otro lado, el tribunal internacional ordenó al Estado Colombiano a dar atención en salud física y mental, de manera gratuita y por el tiempo que sea necesario, a los familiares de las víctimas ejecutados. Como esta orden es conjunta a nueves sentencias más de la Corte IDH a Colombia, organizaciones de derechos humanos solicitaron que se hiciera una supervisión conjunta por lo que han trabajado por años en un proceso de concertación con el Estado en el que no ha sido posible llegar a un acuerdo. Solo hasta 2017 se firmó un acuerdo parcial con el gobierno de Juan Manuel Santos, que no incluyó la gratuidad que ordenó el organismo internacional dado que la postura oficial es que no era posible eliminar las cuotas moderadoras o copagos.

Hoy, con el gobierno de Iván Duque, se está intentando poner en marcha ese acuerdo. “No hay posibilidades de que las personas tengan una atención más allá de la que puede tener cualquier persona. Las víctimas de las nueve sentencias llaman a pedir una cita y no hay agenda o tienen que pagar el copago. Ha sido muy difícil porque el Ministerio de Salud no tiene personas especializadas en el trámite de casos internacionales y no comprenden que estas órdenes son de obligatorio cumplimiento”, explicó Fallon. Los procesos de concertación, además, se ven afectados por los cambios de gobierno y cambios de los funcionarios encargados.

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Uno de los temas más complejos sobre El Aro y sobre el cual la Corte IDH puso el ojo es proveer justicia porque si bien hay algunas condenas (como la de los exjefes paramilitares Carlos Castaño, Salvatore Mancuso o Ramiro Vanoy), la verdad es materia pendiente. “La percepción que tienen las víctimas en general de Ituango es que no se ha hecho justicia. Ellas siguen sintiendo que no se ha dicho lo que se tiene que decir porque la gente quiere saber la responsabilidad que hubo de los grandes empresarios, del gobernador de Antioquia y de su gabinete, de la comandante de la IV Brigada”, agregó Fallon.

El caso ahora está en el foco de la opinión pública porque la Corte Suprema de Justicia envió a la Fiscalía la indagación que adelantaba contra el exgobernador de Antioquia de la época, expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien ha negado tajantemente haber tenido responsabilidad en El Aro. Ese proceso recoge ambas masacres, así como el crimen de Jesús María Valle y nexos con grupos de Autodefensa, y se suma a procesos individuales que adelanta hace años el ente investigador por cada caso. Para Fallon, la Fiscalía actual no genera garantías.

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“Como mínimo, por omisión, él (Uribe) tenía una obligación que no cumplió y eso está en estrecha relación con su cargo. Dudo mucho que en la Fiscalía de Barbosa vaya a pasar algo. No guardo ninguna esperanza o posibilidad de que en este caso vaya a pasar algo con Barbosa como fiscal. El único pedido que se puede hacerle es cumplir con su deber constitucional, que tenga una responsabilidad ética y moral ante hechos en los cuales hay tantas víctimas reclamando justicia”, dijo Fallon.

Además, el caso está en el debate público por la expectativa que ha generado el posible regreso a Colombia, desde Estados Unidos, del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en 2008 dijo a la justicia que en la masacre hubo apoyo y participación de la Fuerza Pública. “Mancuso es un hombre despiadado que ejecutó campesinos y torturó y ahora quiere acogerse a la Convención contra la tortura. Esperamos que vuelva a Colombia porque ha dicho, entre frases pero no de manera precisa, que Álvaro Uribe sí conocía lo que estaba ocurriendo en el norte de Antioquia. Y si se va para Italia o si se queda en Estados Unidos, no se va a conseguir que hable”, dijo Falllon.

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