Matoneo contra hija de Rosa Elvira Cely

La salud de María Aurora Cely estuvo, en términos generales, bien durante un año. Pero cuando llegó el 29 de mayo de 2013, y recordó que ese mismo día un año atrás había perdido a su hija Rosa Elvira, fue como si todo el dolor que había contenido en el alma se trasladara a cada centímetro de su cuerpo. “A mamá la he visto más decaída desde que se cumplió el año, la veo más triste. No es que antes no lo estuviera, sino como que ahora le está haciendo más falta mi hermana”, cuenta Adriana Arandia Cely, la mayor de los hijos de doña María Aurora.

Como era de esperarse, la familia Cely ha vivido tiempos aciagos desde que Rosa Elvira apareció en la madrugada del 24 de mayo del año pasado en el Parque Nacional de Bogotá, con su cuerpo flagelado por las heridas que le había causado la atrocidad de quien, hasta ese día, había sido su compañero de validación de bachillerato y su amigo: Javier Velasco Valenzuela. La hija de la víctima, quien hoy tiene 13 años, duró varios meses sin saber qué destino había corrido su madre, y desde que se enteró asiste periódicamente a terapias sicológicas.

El tratamiento de la pequeña, en estos últimos meses, se ha convertido en algo más que una manera de lidiar con su duelo. De acuerdo con su tía Adriana, la niña está siendo objeto de matoneo: “Gracias a una persona cercana a nuestra familia ella está estudiando en un colegio privado. Pero nos empezamos a dar cuenta de que le estaban quitando el almuerzo, amenazándola, algunos niños empezaron a burlarse del nombre de la mamá, le rompían las cosas, le cortaron el cabello, la trataban de pobre, la hacían llorar. Fui al colegio y les pedí que trataran de calmar la situación, al menos mientras acababa el año”.

En diciembre del año pasado, una jueza penal especializada condenó al asesino de Rosa Elvira, Javier Velasco Valenzuela, a 48 años de prisión. Su defensa intentó sin éxito anular el fallo. Cuando esa estrategia se hundió, el abogado de Velasco apeló la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, pidiendo que la condena contra este hombre fuera aún menor por haber aceptado cargos antes de que comenzara el juicio. En abril de este año, el Tribunal desoyó esos argumentos y confirmó que ese será el tiempo que Velasco pasará tras las rejas, luego de ser hallado culpable de los delitos de tortura agravada, acceso carnal agravado y homicidio agravado.

A los familiares de Rosa Elvira, sin embargo, más que lo penal, los inquieta el asunto de la justicia administrativa: es decir, comprobar que las entidades oficiales no hicieron lo suficiente para proteger a la última víctima de Javier Velasco. Por eso ellos se encuentran trabajando con un grupo de abogadas de género para demandar. “Hay que llamar la atención sobre la responsabilidad del Estado. Si Velasco hubiera sido sancionado por el asesinato de Dismila Ochoa, por la violación de sus hijas o por el ataque a la prostituta, quizá otro habría sido el desenlace para Rosa Elvira”, dice una de las litigantes que hoy asesora a la familia Cely.

Los parientes de Rosa Elvira han intentado llegar a algún acuerdo con el Estado más de una vez sin alcanzar un consenso. Ellos insisten en la idea de demandarlo porque no se explican aún por qué ella fue trasladada en la mañana del 24 de mayo de 2012 al Hospital Santa Clara, ubicado en el sur de Bogotá y no a los hospitales San Ignacio o Militar, que se hallaban a menos de cinco minutos del punto en el Parque Nacional donde Rosa Elvira fue encontrada agonizante por la Policía y los bomberos. Ella misma los había llamado después de haber sido atacada. Ella misma les dijo quién había sido su agresor.

Pocos casos retratan tan crudamente lo que implica la violencia contra la mujer como el de Rosa Elvira Cely, quien fue apuñalada, violada, y lo peor de todo, empalada. Los médicos del Hospital Santa Clara, donde falleció, dijeron entonces que nunca habían visto tanta barbaridad resumida en el cuerpo de una mujer. No es de extrañar entonces que esta historia ya haya atraído la atención de grupos internacionales como la Organización de Mujeres de Guatemala (OMG), que maneja un área llamada ‘Legal Action for Women – LAW’ (Acción Legal para la Mujer).

Mercedes Hernández, una de las abogadas pertenecientes a la OMG que conoce el caso Cely, le explicó a este diario que el área LAW “trabaja en casos de alto impacto que pueden permear el muro de la impunidad o hacer una grieta por lo paradigmáticos que puedan resultar. En el caso de Rosa Elvira todo está en una fase muy embrionaria, todavía hay que agotar los recursos internos. Pero su familia sabe que los apoyamos, que en España –sede de OMG– hay más organizaciones dispuestas a apoyarlos y si el Estado no responde intervendremos en un litigio internacional”.

Hernández resalta que la razón por la que este caso es tan importante es, además de su impacto, porque pone la discusión de “feminicidio” sobre la mesa. En Colombia el delito no existe como tal, pero el año pasado, en el segundo periodo del Congreso, el Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho (Cijusticia) radicó el proyecto de ley ‘Rosa Elvira’ para castigar los crímenes de género, con apoyo de la congresista del Polo Democrático Gloria Inés Ramírez. “Este es un tema estratégico sobre el cual no hay consenso en el mundo”, indica Mercedes Hernández.

La iniciativa del año pasado se hundió en el Congreso pero los esfuerzos para lograr que el feminicidio exista en el Código Penal colombiano no han muerto. El pasado 25 de septiembre Cijusticia, de la mano de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, compuesta por nueve representantes a la Cámara y diez senadoras –con el apoyo también de la Secretaría Distrital de la Mujer– radicaron el proyecto de ley 107 ‘Rosa Elvira Cely’, que busca básicamente castigar severamente a las personas que asesinen a una mujer por razones de género. Las congresistas que respaldan esta iniciativa saben que este tipo de violencia no da tregua en el país: ellas no quieren dar tregua tampoco.