El 1° de diciembre de 2015 el general Rodolfo Palomino, entonces director de la Policía, firmó una resolución en la que se advertía que el subintendente Carlos Galvis Robayo había sido retirado de la institución e inhabilitado 10 años para ejercer cualquier cargo público. No podía ser de otra manera: esa fue la sanción que, dos meses atrás, le impuso la Inspección General por, dice el fallo, haber tomado nueve proveedores de pistola Sig Sauer en el Fondo Rotatorio.
El proceso, que se abrió en 2012 y resultó en un voluminoso expediente de unas 1.500 páginas, indica, sin embargo, que los proveedores nunca salieron del Fondo Rotatorio. La investigación arrancó en realidad por otro asunto: la pérdida de unas pistolas. Un subintendente, Abel Mauricio López, fue llamado a declarar. Él dijo que ignoraba el destino de las armas y aseguró, en cambio, que el subintendente Galvis se había robado los proveedores en noviembre de 2011, pero que él mismo lo había obligado a devolverlos. El testimonio de López, finalmente, fue la prueba con que Galvis fue despojado de su uniforme.
En entrevista con este diario, Galvis asegura que lo suyo fue una persecución. ¿La razón? Según él, haberse percatado de que algunas Sig Sauer que el gobierno de Estados Unidos le vendió a Colombia venían regrabadas. Es decir, que eran usadas. Galvis sostiene que ese día en que supuestamente se robó los proveedores, fue cuando registró las series manipuladas de las armas. Por ese tema, incluso, el general Rodolfo Palomino fue citado al Congreso en 2014 para un debate de control político. Allí admitió que de casi 121 mil pistolas Sig Sauer, un 7 % habían llegado dañadas. Galvis, que pertenecía al Grupo de Armamento, dice que pudieron ser hasta 50 %.
¿Cuándo empieza su relación con las Sig Sauer?
Cuando comencé el curso de armero, en noviembre de 2007, estaban llegando esas pistolas al país. En camiones de la Policía traíamos el armamento desde el aeropuerto y lo custodiábamos hasta la bodega del Fondo Rotatorio. Hasta ahí era nuestra misión. Inicialmente no se les hacía inspección, se suponía que llegaban nuevas.
¿Cuándo se empezaron a notar las irregularidades?
Las primeras indicaban que las pistolas llegaban sin proveedores o con cargadores de otras armas y calibres. La Policía le reclamó a la casa fabricante. El jefe del grupo de armamento, el teniente coronel Alexánder Tapiero, ordenó verificarlas en el Fondo Rotatorio. Luego fue que los departamentos empezaron a decir que estaban llegando unos cañones picados y anillados.
¿Quién es el coronel Tapiero?
Es el cuñado de la general (r) Luz Marina Bustos. Está casado con la hermana de ella, Betsy Bustos, y es coronel activo. Ahora está en Estados Unidos de agregado.
¿A quién responsabilizaban de una pistola con el cañón picado?
Al policía, que tenía que pagar el arreglo.
Pero, entonces, ¿cuál era su rol en el tema de las Sig Sauer?
Yo era uno de los que firmaban las actas de protocolos de pruebas y sin eso no se podían enviar (las armas) a los departamentos. En una junta técnica le manifesté al coronel Tapiero que no me parecía justo que los policías estuvieran pagando esos cañones a sabiendas de que llegaban de EE. UU. así. Me dijo: “¿Usted quiere que yo pague esa mierda?”.
¿Los reportes de las armas dañadas quedaron por escrito?
Sí, claro, hay un historial en los departamentos y documentos que lo soportan. Yo seguí en la oficina, pero me negué a hacer más protocolos de pruebas.
¿Qué hacía en la bodega del Fondo el día que supuestamente se robó los proveedores?
El coronel Tapiero nos dio la orden de hacer un informe con las novedades y el 10 de noviembre de 2011 fui. Esa mañana llamé al subintendente Abel Mauricio López y le dije que iba a revisar armas. Llevé una cámara de video que todavía tengo en las actas de entrega de mi oficina y, cuando empecé a hacer zoom al serial de una pistola vi, por decir, que donde había un 0 lo habían borrado y colocaron un 3. Se evidenció que estaban regrabadas.
¿Qué hizo con ese hallazgo?
Me fui a mi oficina, descargué el material en el computador y llamé a mi mayor (Jeison) Sora, subjefe del grupo de armamento. Se lo mostré. Me dijo que debíamos llamar a mi coronel Tapiero. Él lo vio y sus palabras textuales fueron: “Estos gringos nos vieron la cara de indios, ¡cómo nos van a mandar ese armamento así!’. A finales de noviembre el mayor Sora me dijo que si quería salir a vacaciones y le respondí que sí. Cuando volví el 10 de enero de 2012 me indicaron que salía trasladado para la Policía Metropolitana de Bogotá.
¿A qué cargo lo enviaron?
A Bosa, como técnico en armamento. Allá trabajaba cuando me citaron al despacho de disciplina de la Dirección General y me dijeron que me abrían una investigación por la pérdida de unos proveedores. Yo no entendía. Conseguí abogado. Pedimos las actas y no había ningún faltante de proveedores. Pero la investigación siguió. A los policías que estaban ese día en la bodega, mi abogado les preguntó si ellos vieron que yo los hubiera sacado y todos dijeron que no, pero que López había dicho que yo se los había entregado.
¿Qué se puede hacer con un proveedor?
La única entidad que tiene Sig Sauer es la Policía, ¿a quién se los iba a vender? En el proceso ni siquiera se acreditó cuánto vale un proveedor, pero eso no pasa de $35.000. También dijeron que los había sacado en mi carro, pero ese día lo tenía en el taller y tengo todavía el recibo.
En el expediente se lee que usted dijo que los había tomado porque necesitaba plata para un hijo enfermo.
Eso es lo que dice el subintendente López. Solicité una copia de la historia médica de mi hijo porque no estuvo enfermo para esa época. Me negaron esa prueba. Esa y muchas otras. Si yo cogí los proveedores, ¿por qué no me judicializaron en el momento? Eso es hurto y tenían la obligación de hacerlo. A López lo llamaron a declarar porque se perdieron unas Sig Sauer y él me quiso echar el agua sucia. Quiso desviar la investigación. Mi caso tuvo cinco nulidades, me violaron el debido proceso, lo mío fue amañado y veo que estaba hecho para destituirme por haber denunciado.
¿Esa denuncia de las Sig Sauer quedó por escrito?
No, yo les informé verbalmente a mi mayor Sora y a mi coronel Tapiero.
¿Por qué no lo dejó por escrito? Tapiero declaró que usted no le informó nada.
Claro que sí. Yo le mostré en mi computador, pero no hice el informe.
Pero, ¿no era su deber reportar un hallazgo así?
El encargado era el subintendente López, no sé si lo hizo o no. Yo sólo fui a ver por qué otras razones estaban llegando las novedades. Además, no tenía en mente que me fueran a sacar. No vi la necesidad de hacerlo rápido. Pensé que había tiempo para revisar. Yo lo puse en conocimiento de la Procuraduría después, cuando me abrieron la investigación.
¿Qué le respondió la Procuraduría?
Que ya la propia Policía había investigado y había archivado en octubre de 2014.
El coronel Tapiero ha asegurado que nunca le ordenó ir a revisar esas pistolas al Fondo Rotatorio.
Sí lo hizo y así lo confirmó el sargento Óscar Camelo, que trabajaba conmigo.
Además del proceso en su contra, ¿qué pruebas tiene de la supuesta persecución?
Estando en Bosa, en 15 días me hicieron tres polígrafos. Y pues ahora las amenazas. El 14 de octubre de 2015 me llegó la primera, justo después de que me hubieran trasladado a Paipa y yo hubiera actualizado mi dirección con la Policía. Era un panfleto con letras recortadas que decía: “sapo Morirá aplasTado con su fLia mejor kallado hp tu sabez (sic)”. Esto lo afecta a uno física y económicamente. Llevo en tratamiento psicológico más de año y medio. Hemos pasado días enteros sin comer. He tenido que pagar más de $10 millones en abogados. Pero de mis años en la Policía no me arrepiento.
¿Denunció las amenazas?
Sí, en la Fiscalía. Un día después de recibir el panfleto.
¿Qué le dice su familia por todo esto?
Mi papá todavía no sabe. Que yo fuera policía era un orgullo para él. Lo que quiero más que todo es poder decirle que me sacaron de la Policía, pero no por corrupto.
Si hubiera durado 23 días más en la Policía hubiera recibido mi casa. Un sargento que trabajó allá (en la Inspección) me lo dijo: a usted lo van a echar. Ya dieron la orden desde arriba.
Los líos internacionales de Sig Sauer
El negocio de la compra de más de 121 mil pistolas Sig Sauer, adquiridas por medio de contratos LOA (colaboración de gobierno a gobierno con Estados Unidos), resultó inmerso en una polémica por la supuesta intermediación de uno de los más fuertes contratistas del sector defensa, Felipe Jaramillo Samper, quien con sus empresas Helicentro Ltda., Alfonso Jaramillo & Cía. y Ancla Ltda. maneja gran parte de la adquisición de armas y tecnología para las Fuerzas Militares y ejecutan los contratos de mantenimiento. Voceros de esas compañías y del Gobierno colombiano negaron que en ese negocio hubieran participado intermediarios.
Sig Sauer es una empresa de origen alemán que no puede vender armas a países en conflicto. Por eso en Alemania avanza una investigación por una posible triangulación a través de Estados Unidos para vender armas a países como Colombia. Fuentes de Alemania le confirmaron a El Espectador que la Fiscalía de Kiel continúa investigando a Sig Sauer por la venta de las 121 mil pistolas que llegaron a la Policía Nacional.
La hoja de vida del subintendente Galvis
A pocos meses de cumplir 15 años como miembro activo de la Policía, el subintendente Carlos Galvis fue retirado de la institución. Ingresó en diciembre de 2001, formó parte de los escuadrones móviles de carabineros en Boyacá, trabajó en la Dirección Nacional de la Policía y después en la Dirección Administrativa y Financiera.
En 2007 hizo un curso de armero y fue ahí cuando conoció de primera mano el proceso de entrega de pistolas Sig Sauer y las deficiencias con las que llegaban éstas. Asegura que dar a conocer estas irregularidades fue lo que generó la persecución que lo sacó de la Policía. Su hoja de vida muestra que en su trayectoria nunca tuvo investigaciones y que, al contrario, recibió cinco condecoraciones y 37 felicitaciones.