Mientras Fiscalía colombiana pidió 8 colaboraciones a Brasil por Odebrecht, Perú pidió 68

Entre 2017 y 2018, nueve países de América Latina enviaron 118 solicitudes de cooperación para autoridades brasileñas. / Archivo

Durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Colombia no pactó con Brasil formar un equipo conjunto de investigación para el caso de corrupción más grande que haya enfrentado América Latina, Odebrecht. Ese es uno de los datos que se asoman con base en información divulgada por Transparencia Internacional Brasil, organización que hoy entrega detalles sobre cómo ha funcionado la cooperación internacional en este importante caso.

“De acuerdo con un informe del Ministerio Público Federal brasileño, publicado en enero de 2019, Colombia no era, en aquel momento, uno de los países con los que Brasil estaba en negociación para la creación de un ECI - Equipo Conjunto de Investigación. Los tres países latinoamericanos de la lista son Argentina, Paraguay y Perú”, dice el informe. Es decir que así como Colombia, ni Ecuador, Venezuela, Guatemala, México, Panamá o República Dominicana han hecho las gestiones para formar un equipo de esa naturaleza.

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Otro dato revelador entre lo divulgado por Transparencia Internacional Brasil es cuántas veces la Fiscalía de Martínez acudió a Brasil para pedir su cooperación: ocho en dos años. Entre 2017 y 2018, las autoridades brasileñas recibieron en total 118 solicitudes de cooperación de los nueve países implicados en el escándalo. Colombia firmó el 6,7 % de esos requerimientos, mientras Perú firmó el 57,6 %, pues hizo 68 de las peticiones. Le siguen Panamá y Argentina, con 18 y 12 solicitudes respectivamente.

“Y fue precisamente en Perú que el terremoto político causó más daños, con la detención de expresidentes, el suicidio de uno (Alan García), y la renuncia del último presidente electo: Pedro Pablo Kuczynski dejó la presidencia del país en marzo de 2018, en vísperas de la Cumbre de las Américas, reunión de jefes de Estado ocurrida en Lima y cuyo tema fue ‘Gobernanza Democrática contra la Corrupción’”, advierte Fabiano Angélico, consultor sénior de Transparencia Internacional.

La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, por su parte, sostuvo siempre que gracias a sus propios esfuerzos investigativos Colombia pudo saber que, en el país, Odebrecht pagó más de $80.000 millones en sobornos para conseguir contratos, entre ellas la licitación de la Ruta del Sol 2 o el contrato de estabilidad jurídica para conseguir ventaja en un tema de impuestos. En febrero de 2017, dos meses después de que Estados Unidos revelara su acuerdo con Odebrecht, el entonces fiscal Martínez viajó a Brasil por primera vez.

El monto en sobornos que se estableció con el exfiscal Martínez es superior al que revelaron los altos directivos de Odebrecht en Estados Unidos, el cual se acercaba a los $25.000 millones. Los datos divulgados por Transparencia Internacional Brasil son, además, la confirmación de lo que el propio Martínez dijo una y otra vez: las investigaciones en Colombia sobre este escándalo de corrupción nacieron y avanzaron sin colaboración internacional.

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La Fiscalía de Martínez pactó algunos tratos, por ejemplo, con Panamá y Ecuador. “Se ha logrado maravillosa cooperación judicial  internacional por parte de Panamá, y precisamente en el día de hoy se recibiría más información sobre sociedades de ese país incorporadas a este caso de corrupción”, anunció Martínez desde Barranquilla el 15 de marzo de 2017. Con su homólogo de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, firmó un memorando de entendimiento en materia de cooperación judicial internacional.

A Brasil, cuya operación Lava Jato es la génesis de este escándalo, la Fiscalía solicitó entre 2017 y 2018: obtener acceso a contenido de acuerdo de colaboración firmado, testimonios, interrogatorios, copia de sentencias, informaciones, documentaciones, bloqueo de cuentas e inversiones. Transparencia Internacional recuerda también que los grandes delatores de este proceso, en relación con Colombia, son cuatro brasileños: Luiz Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Soares y Eleuberto Martorelli.

Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia, “tenía buena relación con el gobierno de Colombia desde 2009, cuando fue designado para trabajar en el país. En su delación explica el esquema de sobornos dirigidas a (Gabriel) García Morales”, quien ejerció como director del Instituto de Concesiones (Inco, hoy ANI) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. García Morales fue la primera persona capturada en Colombia por este escándalo, en enero de 2017, aceptó cargos y fue sentenciado a 5 años de prisión.

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Mameri, exjefe de Odebrecht en América Latina, “articuló para la aprobación del contrato de la carretera Ruta del Sol 2 utilizando el esquema de sobornos a parlamentarios colombianos e integrantes del Poder Ejecutivo”. El tras bambalinas de ese contrato, que se entregó a través de una licitación pública en 2009, llevó también a la cárcel a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, cuya filial Episol era socia de Odebrecht en la concesionaria Ruta del Sol. Fue condenado a 11 años de prisión.

Soares, exempleado de la División de Operaciones Estructuradas, “coordinaba la contabilidad de los pagos efectuados de forma irregular. Además, hacía la triangulación de los valores por medio de cuentas en nombre de empresas en el extranjero”. Y Eleuberto Martorelli, exdirector de Odebrecht en Colombia, “detalló cómo fue la actuación de Otto Bula en el país y cómo se efectuó el pago al viceministro de Transporte”·, Gabriel García Morales.

El pasado 3 de enero, un juez colombiano avaló el principio de oportunidad que los tres Luizes (Bueno Junior, Mameri y Soares) acordaron con la Fiscalía. Gracias a ese pacto, ellos se convierten en testigos de cargos de la Fiscalía en varios procesos, a cambio de no ser investigados por los delitos que cometieron en el país al ser gestores de la red de corrupción de Odebrecht. En dos años, un juez evaluará si ellos cumplieron su palabra y aportaron a la justicia como debían.

Transparencia Internacional Brasil recordó que Martorelli delató, entre otras cosas, el pago de un millón de dólares a la campaña de reelección del entonces presidente Juan Manuel Santos, en 2014. Ese dinero se habría destinado para la realización de una encuesta de opinión que encabezó la sociedad panameña Paddington. Asimismo, la organización trajo a colación otro dato expuesto por Martorelli: la entrega de recursos al contrincante de Santos en esas elecciones, Óscar Iván Zuluaga.

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“Manifiesto mi arrepentimiento por las conductas impropias”, dijo Mameri desde Brasil, vía teleconferencia, el día en que supo su principio de oportunidad legalizado. “Solicito sentidamente disculpas por ellas”, agregó ese día, en que también pidieron perdón a la sociedad colombiana Luiz Bueno Junior y Luiz Eduardo Soares. Los tres, además, se comprometieron a reparar al Estado con $18.000 millones.

Ese dinero es el equivalente al soborno de US$6,5 millones que recibió Gabriel García Morales por darle a Odebrecht la Ruta del Sol 2. Un contrato que representa la primera ficha caída del dominó de la multinacional brasileña en Colombia, pues, hasta ahora, no se han encontrado irregularidades antes de esa adjudicación.