"No se ha podido aprobar un principio de oportunidad para esclarecer lo que sucedió en la DNE": Omar Figueroa

La jueza penal 10 de conocimiento de Bogotá, Tereista Barrera se declaró impedida para resolver el recurso de apelación presentado en contra de la decisión de un juez de garantías que negó el principio de oportunidad firmado por el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Ómar Figueroa Reyes.

Debido a esta situación se ordenó el envío del expediente al Centro de Servicios Judiciales Paloquemao para que sea repartido nuevamente. Ante esto Figueroa Reyes aseguró que en el documento firmado está dispuesto a reconocer errores durante su administración “pero no ante esta tortura lenta de la justicia. La denegación de justicia también es corrupta”.

“Nuevamente se frustra para la justicia el conocimiento de la verdad, son tres años haciendo esta negociación y hoy la juez se declara impedida (…) No entiendo cómo es el único caso que después de tres años no se ha podido aprobar un principio de oportunidad para esclarecer lo que sucedió en la Dirección Nacional Estupefacientes”, señaló.

El exfuncionario, quien se encuentra privado desde hace cuatro años de su libertad, aseguró que él no tiene la culpa que a la jueza de conocimiento también le llegarán a su despacho los casos del ‘hacker’, el ‘carrusel de la contratación’, el caso InterBolsa, y otros de connotación nacional. “Son casos totalmente independientes, jamás nosotros hemos ejercido ninguna situación indebida sobre la juez y con sorpresa nos encontramos una dilación más”.

En el principio de oportunidad el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, concusión y cohecho impropio. Con esto buscaba que se suspendiera por un año en su contra a cambio de colaboración con las autoridades judiciales en las investigaciones por estos hechos de corrupción.

Según la investigación de la Fiscalía, Figueroa Reyes cobraba comisiones para la entrega de bienes, incautados al narcotráfico, a un grupo de particulares. En este proceso se omitieron los procedimientos establecidos para la designación y selección, igualmente tampoco se observaron los pasos para la asignación de los mismos.

El ente investigado aseguró que durante su administración se aprobaron contratos de bienes inmuebles por cifras irrisorias lo que provocó un detrimento patrimonial a las arcas del Estado. Por estos hechos se encuentra en juicio el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, mientras que el agente liquidador, Camilo Bula, llegó a un preacuerdo y un principio de oportunidad.

La DNE habría entregado de manera irregular los predios “La Reforma “ y “La Laguna”, en el municipio de Puerto López (Meta), ”Corinto”, “La Bramadora” y “Malaver”, en Yopal (Casanare); “Las Avispas” , “Llano Grande”, en Montería (Córdoba); y fincas en el municipio de Tuta (Boyacá).