Hace poco más de un mes, el presidente Juan Manuel Santos ordenó a la Fuerza Pública crear un grupo especial para desarticular las grandes estructuras en las que se han convertido las bandas criminales. El presidente anunció que “combatir el crimen organizado es una prioridad” del Gobierno. Desde esa fecha, en la Policía se articuló un bloque de búsqueda que integran 500 oficiales de ocho de sus dependencias. En entrevista con El Espectador, el general Fabio López, quien lidera este grupo, habló sobre las operaciones que harán y negó la posibilidad de hacer bombardeos en contra de las bacrim.
Desde el año pasado la Policía adelanta la “Operación Agamenón”, con la cual se pretende capturar a los líderes del clan Úsuga. ¿Por qué la necesidad de crear un nuevo bloque de búsqueda?
La “Operación Agamenón” es un ejemplo para el bloque de búsqueda. Nosotros replicamos este modelo en otras partes del país. La idea es tener más cobertura que “Agamenón”, que tiene su punto de mando en Urabá. Por eso se han establecidos otros dos puntos, uno en Cúcuta (Norte de Santander), que desarrolla la “Operación Esparta” en contra de la banda los Pelusos. El otro está en Villavicencio (Meta) y desarrolla la “Operación Atenea”, que busca desarticular al bloque Meta y a los Libertadores del Vichada.
¿Qué saben sobre estas estructuras criminales?
El análisis de la Policía ha arrojado que hay por lo menos tres categorías de estructuras de crimen organizado. El tipo A son las más grandes: el clan Úsuga, las disidencias del Erpac, que son los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta, y la disidencia del Epl, llamada los Pelusos y que funciona en el Norte de Santander, sobre todo en el Catatumbo.
¿Y quién luchará contra las estructuras que no son del tipo A?
Las de tipo B son organizaciones que se alían con las grandes y que se dedican a los mismos delitos de bandas como los Úsuga. Hay unas de tipo C que se enfocan más en las actividades delincuenciales en las ciudades, son los llamados “combos”. En estas dos últimas será la Policía Nacional en sus sedes regionales la que estará a cargo.
¿Cuán grave es la amenaza de las bandas criminales?
Estas estructuras están dedicadas a los delitos, no a confrontar la Fuerza Pública. En ese sentido no es posible que lleguen a desestabilizar al Estado. Aun así, son grupos que merecen atención. El clan Úsuga tiene tres mil integrantes y presencia en 14 departamentos del país; entre los Libertadores del Vichada y el Bloque Meta completan 500 integrantes, y los Pelusos tienen 121.
¿Qué es lo más difícil de combatir a las bacrim?
El proceso de judicialización. Es una tarea extensa y de la mano con la Fiscalía, porque es la herramienta número uno que nos permite una desarticulación real. La idea es tener unas 3.500 órdenes de captura, porque cuando los capturamos en flagrancia, los abogados de estas personas logran ventajas para ellos.
Teniendo en cuenta que el objetivo de estos grupos no es desestabilizar al Estado, ¿cómo cambia la estrategia de la Policía para combatirlos?
Para combatirlas se interviene no sólo con la judicialización de sus integrantes, sino también se persiguen sus finanzas y se desarticulan sus sitios de confort, ejerciendo un mayor control territorial con el personal de la Fuerza Pública. Así se frena su capacidad de moverse en los territorios. En inteligencia, lo que se hace es establecer cómo se componen estas estructuras de crimen organizado. Se establece su componente orgánico y a qué delitos se dedican. Se investiga quiénes y cuántos las conforman, cuáles son sus áreas de injerencia y se establece cómo se organizan, cómo es la cadena delictiva, cuáles son sus eslabones.
¿En su estrategia tienen contemplado hacer uso de la directiva de la Fiscalía que aprueba bombardear a las bandas criminales?
No hemos contemplado esta posibilidad. Vamos a hacer nuestros procedimientos de acuerdo con los protocolos de Policía, que son investigaciones, ubicación de cabecillas y, una vez obtenidas las órdenes de captura, hacer los procedimientos de rigor para aprehenderlos.
Una de las más grandes innovaciones de la “Operación Agamenón” fue haber incluido el trabajo social en una operación contra el narcotráfico y el crimen organizado.
¿Se plantea algo similar para el bloque de búsqueda?
Sí, por supuesto. Lo que buscamos es que las personas no se vean inmersas en la comisión de delitos. Queremos que los oficiales tengan presencia e injerencia en los territorios y que podamos tener alguna intervención social coordinada con las autoridades locales y nacionales, para que las personas de sectores vulnerables puedan recibir un apoyo social, educativo y cultural.
Algunos integrantes del clan Úsuga estuvieron vinculados a las autodefensas.
¿Ustedes han podido establecer si este grupo ha estado ligado a las amenazas y los asesinatos contra personas como defensores de derechos humanos?
Nosotros hemos identificado que las bandas criminales cometen 12 delitos que representan una amenaza para la seguridad del país, entre ellos el homicidio. Además del narcotráfico, estas bandas se dedican al secuestro, extorsión, lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, minería ilegal, cibercrimen, corrupción y reclutamiento ilícito de menores.
¿Cuántos recursos se están dedicando al bloque de búsqueda?
Hay involucradas ocho divisiones operativas, e igualmente el apoyo y la coordinación con los departamentos de Policía Metropolitana y regiones, con el fin de articular al 100% toda la capacidad de la Policía Nacional. En las tres operaciones que se están llevando a cabo hay cerca de 500 oficiales.
El general Jorge Enrique Nieto, comandante de la Policía, anunció que el bloque de búsqueda se encargaría de 161 operativos. ¿Ya ha habido resultados?
En lo que va corrido del año se han producido 147 capturas -de las cuales nueve han sido de cabecillas-, 65 predios incautados, 150 armas de fuego y cerca de 12 toneladas de cocaína.
¿Qué tiempo se va a tardar el bloque de búsqueda en cumplir su objetivo?
Ya empezamos. Estamos hablando de las 161 operaciones iniciales, en las que esperamos tener una efectividad que permita la captura o neutralización de los cabecillas, de sus integrantes medios y afectar en un gran porcentaje su parte financiera.