Que no vengan a manchar a las Fuerzas Militares: Santos

Este miércoles el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas,  rechazaron el informe publicado por Human Rights Watch (HRW), que señala que altos mandos del Ejército estuvieron implicados en ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. (Lea: “Altos niveles del Ejército facilitaron falsos positivos”: HRW)

Durante la ceremonia de reconocimiento de tropas, Villegas, advirtió que los generales llamados a declarar tendrán la mejor defensa y destacó que la actuación de las Fuerzas Militares es cada vez menos cuestionada.

“Es apenas comprensible el golpe que significa que generales sean llamado a declarar ante la justicia. Como ministro mi deber es servir bien y mi deber es garantizar que esos oficiales que tendrán la mejor defensa y el debido proceso”, dijo el ministro Villegas

Villegas señaló que los hechos por los que los altos mandos son interrogados corresponden a acciones del pasado y destacó que “Colombia lleva mucho tiempo sin poder ser acusada de violadora de derechos humanos”

El recién posesionado jefe de la cartera de la Defensa pidió celeridad a la justicia en estos casos y agregó que “algunos oficiales le pueden deber a la justicia, pero Colombia le debe mucho más a las Fuerzas Armadas”.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, rechazó los señalamientos directos que hizo Human Rights Watch (HRW), contra el comandante de las Fuerzas Armadas, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y de Ejército, general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, a quienes defendió por su correcta actuación dentro de la institución.

“Que no nos vengan a manchar la Institución. Escuchaba esta mañana que una ONG los señalaba sin ninguna documentación de soporte. Ellos están preocupados por su buen nombre y es apenas lógico, ellos le solicitaron a la Fiscalía y la Procuraduría el registro de sus antecedentes, que demuestran que no hay ni una sola investigación en su contra”, manifestó el presidente Santos. (Lea: Generales Rodríguez y Lasprilla no tienen antecedentes judiciales)

Y agregó “que no vengan a señalarlos y causarles un daño enorme sin ninguna documentación, esa no es la forma de vigilar el respeto por los derechos humanos”.

El mandatario recordó que durante la célebre Operación Jaque, no se derramó una sola gota de sangre y no se accionó una sola arma, “En esa oportunidad cerca de 300 o 500 guerrilleros estarían allí cuando los helicópteros alzaran vuelo con los secuestrados y dijimos ¿qué hacemos con ellos?, - la tentación de un bombardeo era mucha, pero los comandantes tomaron la decisión de no hacerlo (…) esa es la diferencia que le da legitimidad a nuestras Fuerzas Armadas, por eso las vamos a defender a capa y espada”.

“Tengan en cuenta que este presidente defenderá esa legitimidad hasta el día que me lleven a la tumba”, sentenció.

Según HRW, la Fiscalía investiga a Rodríguez por 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales, incluyendo algunas cometidas por el general Robinson González del Río cuando estaba en el Gaula de Antioquia.

"Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces", indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, en un comunicado.

"No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares", agrega.

Los falsos positivos son casos de civiles que fueron reclutados bajo la promesa de un empleo para luego ser asesinados y presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban obtener beneficios o ascensos.

El análisis de datos de la Fiscalía efectuado por HRW indica que los fiscales han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.