Organizaciones sociales piden ayuda ante la ONU por violencia armada en Ituango

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A través de una carta, dirigida al secretario general de la ONU, organizaciones sociales denunciaron la falta de protección a los derechos humanos en Ituango (Antioquia). La población civil está en medio de la guerra entre las disidencias de las Farc y las autodenominadas Agc o Clan del Golfo. También pidieron respuestas al presidente Iván Duque.

De acuerdo con Nodo Antioquia de la Coordinación Europa Estados Unidos (CCEEU) y organizaciones sociales del Proceso Social de Garantías, la violencia en Ituango (Antioquia) está en su punto máximo por las disputas entre el las disidencias de las Farc y las autodenominadas Agc -o Clan del Golfo- por el control territorial. Por ejemplo, una de las prohibiciones que tiene la población civil de este municipio del norte antioqueño es salir de casa entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

En contexto: Más de 250 personas se desplazan de Ituango por amenazas de grupos armados.

Tal es la problemática que se vive en la región que ambos grupos armados ordenan confinamientos en distintos sectores urbanos y veredales, todo para demostrar una mayor capacidad militar. “El temor sigue profundizándose por la existencia de campos minados y la presencia de grupos armados que controlan todo a su paso”, denuncian las organizaciones sociales. A través de una carta abierta, se hace un llamado a António Guterres, secretario general de las ONU; Juliette de Rivero, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos; y Jozef Merks, alto comisionado de la ONU para los refugiados en Colombia.

De acuerdo con los firmantes, el municipio de Ituango se encuentra en una crisis humanitaria sin control que ha provocado desplazamientos masivos. La respuesta del Gobierno habría sido tan escaza que las mismas víctimas vienen regresando periódicamente sin ninguna garantía a las veredas. Mientras que las disidencias de las Farc obligan a los campesinos a salir, las Autodefensas evitan los traslados para utilizar a la población como escudo ante un eventual enfrentamiento entre los grupos armados.

El pasado 16 de febrero más de 250 personas se desplazaron de Ituango por amenazas y enfrentamientos entre los mismos terroristas. Al menos 101 familias dejaron su hogar. “La situación es aterradora; hay cientos de familias sufriendo en el pueblo y otras cientos caminando porque los paramilitares, para intentar evitar los desplazamientos, amenazaron a la empresa de transporte”, aseguró hace una semana la defensora de derechos humanos Isabel Cristina Zuleta, que forma parte de la organización Ríos Vivos, en entrevista con El Espectador.

Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se unió a las denuncias recientemente, indicando que se trata de un panorama “aterrador” para algunos caseríos de Ituango. “Según nuestras fuentes en la zona, las disidencias están obligando a la población a desplazarse y las Agc –la estructura armada ilegal con mayor presencia en Colombia– amenazan con prender fuego a las viviendas de quienes se desplacen”, publicó en su cuenta de Twitter.

Lea también: Cerca de 20 familias llegaron desplazadas al casco urbano de Ituango.

Sin embargo, desde el Nodo Antioquia del CCEEU y el Proceso Social de Garantías se cree que las víctimas son más que las contabilizadas hace una semana. “Ese desplazamiento constituyó una victimización de 510 personas en condición desplazamiento forzado: niños, niñas, adultos mayores enfermos que esperan respuestas claras por parte de la Alcaldía local, las autoridades departamentales y nacionales”, agregaron las organizaciones en la carta dirigida a la ONU.

Y siguieron con la denuncia, escalando el compromiso a niveles nacionales: “dejamos constancia de la crisis que padecen estas comunidades, responsabilizamos al Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y al presidente Iván Duque Márquez por su papel sistemático de omisión a los escenarios de consumación de riesgos advertidos en las alertas del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que datan de 2017, 2018 y 2020. Solicitamos a la ONU para que insten al presidente y al gobernador de Antioquia para que atiendan de manera responsable y urgente esta crisis humanitaria”.

De acuerdo con la Defensoría, en su alerta temprana del 31 de agosto de 2020 sobre la situación del norte antioqueño, la zona ha sido históricamente un centro de confrontación entre actores armados. Hace 15 años, por ejemplo, hubo una intensa disputa entre el Frente 18 de la extinta Farc y el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con la firma de los Acuerdos de Paz, se disputan el control el frente Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo y la Brigada Virgilio Peralta Arenas (BVPA), herederos del grupo armado Los Paisas.

“En esta amplia zona las Agc han recrudecido la comisión de conductas tales como homicidios selectivos; extorsiones a pobladores y comerciantes; incursiones armadas a diferentes poblados; señalamiento a pobladores como ‘colaboradores de la disidencia’; restricciones a la movilidad; irrupción en viviendas cometiendo hurtos y otros actos intimidatorios; inscripción de pintas en las que incluso han llegado a emplear el apelativo de “Comandos Agc-misión Ituango”; enfrentamientos con el Ejército Nacional en límites entre Ituango y Tarazá”, agregó la Defensoría, en alerta temprana del 24 de enero de 2020.

En contexto: Tras dos meses, 65 familias desplazadas no han podido volver a Cáceres (Antioquia).

Otras caras de la violencia

El municipio de Ituango, asimismo, siempre está en las listas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como un potencial blanco de crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por ejemplo, el pasado 10 de enero, el líder campesino Alfredo García fue asesinado en la vereda Las Cuatro. El hombre de 55 años, miembro de la Junta de Acción Comunal de tal vereda, habría sido señalado como colaborador de las Farc y, por tal razón, supuestamente fue asesinado por las Agc, es decir, por los hombres de alias Otoniel, uno de los hombres más buscados por las autoridades colombianas y de los EE.UU.

El año pasado, como lo contabilizó Indepaz, hubo un saldo de 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. El primero de ellos fue Carlos Andrés Cardona Ruiz, quien fue asesinado el 2 de enero del 2020 mientras celebrara el año nuevo con unos amigos en la zona. La lideresa social Isabel Cristina Zuleta aseguró que el médico había trabajado en la Secretaría de Salud de Ituango y había desempeñado su carrera en el sector público. “Sufrimos la desgracia de la marca del irrespeto por la vida y por la muerte, tan cercana, tan presente”, indicó en su momento la lideresa.

En contexto: Asesinan a dos menores de edad, familiares de excombatientes, en Ituango.

Por otro lado, el 6 de junio de 2020, el municipio antioqueño sufrió una masacre en la vereda Quebrada del Medio. El partido Comunes -antes FARC- publicó en su cuenta de Twitter que las víctimas mortales eran Camilo Sucerquia de 15 años, quien era hijo de la exguerillera Nidia Sucerquia; Carlos Barrera de 17 años, también familiar de un excombatiente; y William Pérez de alrededor de 50 años, quien era conductor de la empresa de transporte Coonorte. El ataque fue atribuido a las Agc, según lo denunció la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del norte y Bajo Cauca.

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