Para la Procuraduría de Carrillo, no hay choque alguno con Margarita Cabello

Fernando Carrillo y Margarita Cabello

Foto: Archivo

Cuando Margarita Cabello Blanco asuma la Procuraduría General el próximo 16 de enero deberá definir, entre múltiples casos, si apoyará o no el proyecto de ley que presentó Fernando Carrillo para adecuar el ordenamiento jurídico colombiano a la orden que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2020, en el sentido de que los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser inhabilitados en sus derechos de por vida como hacía hasta entonces el Ministerio Público.

El proyecto de ley, presentado hace unos días, había sido anunciado por el propio Carrillo luego de que saliera el fallo de la Corte IDH que condenó al Estado colombiano por la destitución que había sido impartido en contra del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Según una publicación de El Heraldo, el documento no fue socializado a la procuradora electa Margarita Cabello durante el proceso de empalme, lo que habría generado molestias. No obstante, fuentes consultadas por la entidad aseguraron que no hay ningún tipo de choque con el equipo de Cabello.

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En ese sentido, la información en relación con el proyecto habría sido informada en el proceso de empalme. En todo caso, desde el sábado, Cabello podrá decidir si apoyará el proyecto de ley ante el Congreso o no. La iniciativa legislativa elaborada por Carrillo establece que un juez administrativo sea quien defina la sanción de destitución e inhabilidad general, que en casos de corrupción y violación de DD.HH. imponga la Procuraduría a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales o ediles.

El documento señala que las decisiones sancionatorias que resulten de la actuación de la Procuraduría, en el evento que conlleven una destitución e inhabilidad del servidor público, tengan un control jurisdiccional automático e integral de legalidad antes de producir efectos jurídicos.

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“La iniciativa acoge un sistema de garantías que en ningún caso debilitará las sanciones expeditas que deberán imponerse a los servidores públicos de elección popular cuando cometan actos de corrupción o incurran en violaciones a los DD.HH. Un régimen legal que reafirma la tradición jurídica de las altas cortes colombianas y que redundará en actuaciones garantistas, efectivas y contundentes”, dijo Carrillo en la presentación de la iniciativa.