No creo que se necesite una constituyente para reformar a la justicia: exministra Borrero

A Gloria María Borrero la remplazará en el Ministerio de Justicia la hoy magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello quien, a pesar de haber aceptado el cargo, no ha renunciado al alto tribunal. / Óscar Pérez

Después de un mes de haberle anunciado su renuncia al presidente Iván Duque (lo hizo el 12 de abril pasado), Gloria María Borrero dejó el Ministerio de Justicia. Vivió momentos críticos durante su mandato: el arranque de un nuevo gobierno, la presentación de las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial de Paz, y, quizás, el más complicado: el extravío de una carta clave en el proceso de extradición de Jesús Santrich, que su ministerio debía enviar a Estados Unidos, y que, después del alboroto, llegó a su destino.

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En diálogo con El Espectador, Borrero se refirió a varios de estos episodios; aseguró que encontró una grave situación al llegar al Ministerio; aclaró que no le quedó grande el cargo, como señalaron varios miembros de la oposición; y manifestó que no está de acuerdo en que, para reformar el sistema de justicia, sea necesario recurrir a una constituyente.

¿Qué le dijo el presidente cuando le informó que iba a renunciar?

Fue una conversación de varios momentos. Pero realmente cuando hablé con él, el 12 de abril, le dije que yo me quería ir, que creía que le dejaba mi impronta al Ministerio. Le expliqué que ya había hecho todo el tema de la planeación del Plan de Desarrollo, que dejaba estructurado el plan de la reforma a la justicia, el plan Ruta Futuro sobre drogas y cárceles. Mi perfil es más de planeación y de pensar las cosas. Estoy cansada porque le puse todo a mi trabajo, sin un minuto de descanso. También motivó mi ida la situación del Congreso. Yo creo que ahí es bastante difícil sacar las cosas.

¿A qué se refiere?

El presidente está proponiendo un nuevo relacionamiento con el Congreso y eso me ha parecido bastante difícil. Yo soy práctica y técnica y, como hay tantas cosas por hacer, las quiero rápido. Pero ese tiempo de cocinar políticamente las cosas, no tengo la paciencia para ello. El presidente me pidió que le diera un mes y habíamos acordado que anunciaba mi salida a mediados de mayo. 

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¿Qué le pareció lo más difícil de lidiar en el Congreso?

Ese cambio de relacionamiento del que hablo. Creo que ha sido difícil para todos. Para los de la oposición, y también para el Gobierno. Es algo que no se consigue de la noche a la mañana. Creo que se va a lograr si persistimos en esa independencia. Aquí no se trata de llevar aplanadoras. Llegará el momento en que todo se va a estabilizar.

¿Cuál considera su mayor logro?

Tengo varios. Creo que el haber recibido una entidad como la que recibí, tan compleja, y haber podido, en muy poco tiempo, entender cómo se podían acoger, coordinar e integrar las funciones fragmentadas en el Estado. Eso fue fundamental. También en lo que quedó aprobado en el Plan de Desarrollo, que será la hoja de ruta que deberá seguir la entidad en los próximos cuatro años, con unos recursos establecidos. También debo mencionar que destrabamos la contratación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que estaba muy atrapada. Hemos podido hacer cerca de 300 frentes de obra y destrabamos las cárceles de Buga, Girón e Ipiales. Además, ya vamos a entregar dos cárceles. Pudimos buscar muy buenas prácticas y encontrar un plan de choque para el hacinamiento carcelario con una infraestructura industrializada que ya está toda analizada, incluidas las APP. Otro punto es el que tiene que ver con la política integral de drogas. 

¿En qué sentido es ese otro logro?

Logramos que realmente se pusiera el corazón en la humanización y resocialización del problema. Hemos potencializado el programa Casa Libertad, que es para pospenados. Le dejo al presidente varios escenarios para resolver de manera estructural algunos temas coyunturales, como el tema de cárceles. Lo mismo nos pasó con el de drogas. Aquí se decía que había una política. Pero cuando yo llegué, no había nada que nos llevara realmente a solucionar ese problema. O no existía, o tenían problemas o estaban fragmentados. Igual que con el tema de cárceles. Decidimos hacer una política integral que va desde la prevención, el tratamiento del consumo, hasta la sanción de la gran criminalidad relacionada con el tema del consumo. Encontramos 206 mil hectáreas de coca y un “dejar hacer” y “dejar pasar” por diferentes causas. 

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¿Cómo cuáles?

Los incentivos que dejó el Acuerdo de Paz; por el precio del oro; por la subida del dólar. Todo se elevó exponencialmente y estamos otra vez en manos del narcotráfico. Entonces lo que hicimos fue volver un tema integral y pusimos a todas las entidades responsables a responder por un plan de acción, metas concretas y una ruta hacia futuro. 

¿Y sobre la reforma a la justicia?

Hubo un fracaso al comienzo. Yo entiendo este tema como un proceso. La reforma de la justicia no se agota con una reforma constitucional. Esto es un esfuerzo permanente. Del análisis que he hecho, desde finales de los años ochenta del siglo pasado, he podido constatar que la reforma de la justicia ha sido permanente y así se ha venido haciendo en Colombia. Aquí, por ejemplo, tenemos la mejor legislación sobre lavado de activos pues fuimos uno de los países latinoamericanos que primero acogimos el sistema penal acusatorio, además hicimos la reforma civil cuando Chile ni siquiera la ha podido acabar. Hemos hecho constantes reformas. Pero tenemos la frustración de la reforma constitucional porque, efectivamente, es claro que a la Constitución 91 hay que hacerle algunos ajustes.

Durante su administración, ¿por qué no se consiguió?

Logramos un proceso de concertación con las cortes, de manera muy juiciosa, con una agenda de trabajo. Lo mismo hicimos con los sindicatos. Pero sabemos lo que pasó: Cambio Radical presentó su proyecto. Luego el Centro Democrático y el Gobierno presentaron su visión de lo que era la reforma de la justicia. Logramos una unificación. Fracasó en tercer debate la reforma, pero seguimos trabajando. Pude ser testigo de que ya hay unos puntos comunes.

¿Cómo cuáles? 

Quitarle funciones electorales a las Cortes es casi unánime. Pero ahora hay desacuerdo en quién debe quedar con esa potestad. Hicimos una lista de los puntos en los que estábamos de acuerdo y los que no, y decidimos apoyar la propuesta de Cambio Radical y del Centro Democrático. Pero Germán Vargas Lleras anunció que se iba a la oposición y no presentamos con ellos el proyecto. Aunque el Gobierno dijo que los acompañaba, porque este es el nuevo relacionamiento con el Congreso. Acompañamos los debates que le sirven a la justicia. Además, sé que, por ejemplo, hay que hacer unas modificaciones urgentes a la ley de conciliación, a la de arbitraje, ajustes al Código Penal y al Contencioso Administrativo. Ese es el paquete legislativo que se está trabajando. 

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¿Por qué asegura que hoy sí tenemos una política integral de drogas y antes no?

Porque todo estaba desarticulado. Cogimos todos los elementos y los integramos en una cadena de valor porque el problema es muy complejo. Por ejemplo, hay un gran componente que es el consumo. Colombia se volvió una sociedad consumidora. Hubo un momento en que el exministro Yesid Reyes dijo que este debía ser un pilar de protección de derechos humanos, y aquí en el Ministerio no encontramos nada de eso. Fue una simple declaración y no había una política de Estado seria para luchar contra la prevención y el tratamiento del consumo. El Ministerio de Salud ya sacó su política de salud mental, por ejemplo, que va a fortalecer ese este pilar del consumo. El Ministerio de Educación, que nunca había estado integrado a esta lucha, ahora está haciendo planes de prevención. Estamos integrando las acciones de todos. 

¿Cree que para conseguir una reforma a la justicia se necesita una constituyente?

Para reformar a la justicia no creo que se necesite una constituyente. Yo creo que todo se puede resolver vía institucional. Alfonso Gómez Méndez explicó hace poco que la Constitución del 91 hizo esos cambios en la justicia a través de una constituyente, y ahora estamos tratando de cambiar eso. Una constituyente de pronto no es la salida. Yo creo que sí se necesita un gran acuerdo político y Colombia tiene que llegar a eso. Hay que acordar cosas sobre los temas fundamental para poder avanzar como país. 

Miembros de la oposición fueron duros con la cartera de Justicia, aseguraron que a usted le había quedado grande el Ministerio. ¿Qué les responde?

Creo que no. Me voy con la frente en alto. Ustedes lo vieron en mi rendición de cuentas: soy una persona que sabe del tema. Por eso no creo que a mí me haya quedado grande. 

¿Ha pensado seguir apoyando al gobierno de alguna manera?

Yo me voy a retirar de este cargo, pero mi voz se va a seguir oyendo. Llevo muchos años trabajando en temas de justicia y hoy tengo muchas más experiencia y mayor conocimiento y autoridad para poder seguir opinando sobre lo que requiere la justicia en Colombia. Estaré cerca de este gobierno y este proyecto. El país debe entender lo que está haciendo el presidente Duque y seguiré siendo una defensora de su gestión. 

¿Y qué está haciendo él?

Todo está dicho en el Plan de Desarrollo. Esa es una buena hoja de ruta. Ahí está claro qué queremos lograr y están definidos sus principales programas. Él cree en la cultura de la legalidad como pieza fundamental del Estado de derecho y tiene los programas necesarios para conseguirla. Colombia debe regresar el imperio de la ley. La gente debe ser responsable con sus deberes y el Estado tiene que ser responsable otorgando los derechos en una democracia.

Hoy, con más distancia, ¿cómo evalúa el episodio de la carta en el caso de Santrich?

Nosotros simplemente hacíamos de correo. Solamente lo podíamos mandar por 4-72. Creo que son de esas cosas que se le dieron una importancia superlativa. La carta no se perdió y llegó con atrasos, pero llegó. Era claro que Estados Unidos no iba a dar más pruebas de las que ya había, como lo comunicó. Fue un hecho netamente administrativo que se resolvió a tiempo y bien. Yo fui, con toda la sinceridad que me caracteriza a la JEP, y les conté lo que estaba pasando. Ellos entendieron el caso fortuito y ampliaron el plazo. Pero aquí me seguirán martirizando con el 4-72.

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En el sector justicia, hay un tema que ha sido crítico desde hace mucho tiempo, y lo seguirá siendo: las cárceles y el hacinamiento. ¿Usted cree que como país nos ha faltado creatividad e imaginación para abordar el problema que desde hace años nos tiene desbordados?

Nos ha faltado voluntad política, plata y tiempo. Y también coherencia. Este es un tema, que, como dice el Presidente, se dejó envejecer muy mal. Entonces corregir ahora las cosas cuesta mucho más. Por ejemplo, la mitad de nuestra infraestructura es caduca. Tenemos cárceles de 1611. Esos mantenimientos valen mucha plata y nunca hubo un plan de reconversión de la infraestructura. Además, está pasando algo increíble y es que tenemos cerca de 16 mil tutelas y los pocos recursos que tenemos para invertir en el sistema, se van en responder esos recursos. Para resolver todo este problema necesitamos $12 billones y 20 años. 

Y el dinero que tiene se está yendo en resolver las tutelas...

Se nos va en resolver casos individuales, y no en una solución integral. Yo he pedido públicamente que la Corte Constitucional nos ayude a frenar las tutelas para que podamos solucionar el sistema de manera estructural.  Esto requiere del apoyo de todos. El Congreso, por ejemplo, no puede seguir legislando con populismo punitivo, prometiendo aumentar las penas y quitando detenciones preventivas. O nos ponemos serios y solucionamos el problema, o no va a pasar nada. Necesitamos voluntad política, plata y paciencia.