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La solicitud hecha por el senador Iván Cepeda, el Representante Alirio Uribe, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación para la defensa y promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar) fue enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se impongan medidas cautelares con el propósito de proteger la vida de las personas que trabajan en defensa de los derechos humanos en el país, y así, garantizar el ejercicio de sus funciones en las diversas regiones del país.
De acuerdo con el senador Iván Cepeda 222 líderes, lideresas y defensores de DD. HH han sido asesinados: “resulta preocupante la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en febrero de este año, que evidencia como los altos niveles de impunidad persisten sin avances significativos en materia de identificación de los responsables materiales e intelectuales”.
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Para el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la misma corporación, es evidente que “existe sistematicidad en los homicidios de los lideres asesinados, que en su mayoría han sido perpetrados con arma de fuego, y cometidos en inmediaciones a la vivienda de las víctimas lo que evidencia, no solo el seguimiento que precede al hecho, sino que muchos de los casos, fueron precedidos de amenazas y ofrecimiento de recompensas económicas por acabar con la vida de los mismos”.
En la solicitud se pide protección para las siguientes organizaciones: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Unión Patriotica (UP), Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular (CACEP), Marcha Patriótica (MAPA), y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola Y Marihuana (COCCAM). También se pide que se le ordene al Estado colombiano suspender cualquier tipo de actuación violenta o de inteligencia contra estos líderes y agilizar las investigaciones que puedan esclarecer los cientos de asesinatos ocurridos contra estas personas.
“Urge la adopción de medidas urgentes para evitar la materialización de una afectación a la vida e integridad de los líderes sociales, comunitarios y étnicos que defienden derechos humanos en el país. La Defensoría del Pueblo ha registrado en la Alerta Temprana que, frente a la escasa respuesta del Estado, se han producido renuncias masivas de integrantes de las organizaciones sociales y el desplazamiento forzado de los familiares de las víctimas o de quienes han recibido amenazas. Este panorama alerta sobre las amenazas que se tejen, no sólo contra la vida de los y las luchadoras sociales, sino contra la posibilidad de consolidar la paz en los territorios que históricamente han sido los más golpeados por el conflicto”, se afirma en la petición hecha a la CIDH.
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El documento de 40 páginas entregado al organismo internacional también pide que se obligue al Estado a la implementación de medidas de protección y al nombramiento de un Relator Especial que vigile la situación actual de derechos humanos de quienes firman la solicitud. “Dentro de las medidas, se solicita la creación de un grupo interdisciplinario de alto nivel como mecanismo de seguimiento y monitoreo frente a las acciones que adopte el Estado colombiano en cumplimiento de las medidas cautelares. Este grupo tendría como finalidad hacer seguimiento en todo el proceso de implementación hasta el cumplimiento efectivo de las medidas indicadas por la CIDH”, asegura el comunicado entregado por parte del senador Cepeda.
Finalmente, los solicitantes resumen su petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 10 puntos fundamentales, entre los que se destaca la conformación de un mecanismo de monitoreo de cumplimiento de las medidas cautelares a través de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que realicen visitas periódicas al país. También, se genere un cronograma de implantación de tales medidas y se genere un informe por parte de esta Comisión para que sea presentado ante la Asamblea General.