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“Los actos de tortura se dirigen muchas veces contra grupos poblacionales específicos, en razón de su situación de vulnerabilidad, de sus características identitarias con motivos de discriminación o a la labor que realizan”. Ésta es una de las conclusiones del informe “Tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Colombia”, presentado este jueves con ocasión del día mundial de apoyo a las víctimas de tortura, que se conmemora cada 26 de junio.
Mujeres, asunto de género
La forma de trato degradante que predomina contra las mujeres es la violencia sexual. Hasta el 2014, el Registro Único de Víctimas, en el cual se inscriben las víctimas del conflicto armado colombiano entre 1985 y 2011, contaba con el registro de casi 8.000 víctimas de violencia sexual. Aunque las mujeres no son las únicas que la sufren, según cifras presentadas por la organización Sisma Mujer, por cada hombre que es violentado sexualmente hay cinco mujeres que padecen por este mismo tipo de hechos.
Otra forma de violencia preocupante contra las mujeres y que ha tomado fuerza en los últimos años, además de que se ha vuelto bastante mediática por casos representativos como el de Natalia Ponce de León, son los ataques con químicos. Dos de las primeras personas en sufrir este flagelo fueron Gina Potes, directora de la Fundación Reconstruyendo Rostros, y su hermana, en octubre de 1996. A partir del ataque se le asignó a Potes un esquema de seguridad que fue retirado en 2012. De nuevo vulnerable, fue violentada sexualmente, al parecer por las mismas personas que la atacaron años atrás, sin que hasta el momento haya habido castigo alguno contra sus victimarios.
A partir 1996, cuando se registró el primer ataque, este flagelo viene en aumento, hasta que alcanzó el pico de 162 casos en 2013. Esta escalada dejó al país con una de las tasas más altas en el mundo de ataques que se perpetran con agentes químicos como ácidos, polvos o gas pimienta, pegamentos y otras sustancias corrosivas. Ataques que evidentemente distinguen género, pues el 80% de las víctimas son mujeres y en uno de cada 5 ataques el victimario es un hombre.
Población LGBTI, vulnerable a la tortura
La identidad de género sigue siendo un móvil para el asesinato. Así lo asegura el informe, sin embargo, aún no hay condenas que reconozcan la orientación sexual como un agravante del delito. La tortura se ejerce con mayor recurrencia contra esta población. De los 67 homicidios de personas LGBTI que se presentaron en 2013, según cifras de Colombia Diversa, 10 presentaban rastros de tortura.
Muestra de lo anterior es el asesinato de Liliana (Elkin David Arcila), en 2013, en Rionegro, Antioquia. La joven trans fue atacada por un grupo de personas que la golpearon varias veces en su cabeza con objetos contundentes mientras le lanzaban insultos relacionados con su sexualidad. Minutos antes, en el parque principal del mismo municipio, Alejandro Gil, un joven homosexual, había sido apuñalado en repetidas ocasiones.
Asimismo, el hecho de hacer parte de la población LGBTI los hace más vulnerables a las agresiones policiales. Entre el 2008 y 2014, Colombia Diversa registró 212 eventos de violencia policial contra esta población. Además, dice el informe, los miembros de la Policía suelen actuar violentamente contra partes del cuerpo que estas personas han modificado, como sus senos y glúteos.
Defensores de Derechos Humanos, objetivo de grupos ilegales y del Estado
Según el informe, cierto fragmento de la sociedad considera que los defensores de Derechos Humanos buscan menoscabar la imagen y legitimidad del Estado. Según el Programa Somos Defensores, entre 2010 y 2014, más de 1.700 activistas de derechos humanos han sido víctimas de agresiones que incluyen asesinatos, desaparición, violencia sexual, amenazas, detenciones arbitrarias, entre otras. Los principales perpetradores de estos ataques son grupos armados ilegales conformados después del proceso de desmovilización, como las Águilas Negras, Los Rastrojos o el Clan Úsuga.
En septiembre de 2014, las Águilas Negras amenazaron de muerte en menos de dos días a 88 defensores con un mensaje en que los declaraban objetivo militar y los tildaban de guerrilleros: “Con su hijueputa cuento de la paz quieren seguir mariquiando al país. Ustedes y sus organizaciones tienen que pagar con sangre. Sabemos dónde están cada uno de ustedes y sus familias. Prepárense para morir”.
Además de estos grupos armados ilegales, agentes del Estado aparecen en distintos expedientes como perseguidores de activistas de Derechos Humanos. Así quedó evidenciado tras el escándalo de las chuzadas del DAS, y en casos emblemáticos como el de la periodista y defensora Claudia Julieta Duque, quien fue sometida a tortura sicológica por parte del extinto organismo, en acciones tan macabras y planificadas que incluso se diseñó un manual de amenaza, en el que, además de indicaciones sobre cómo realizar las llamadas telefónicas, había un guion específico para amedrentarla, amenazando la vida de su hija.