Ponencia dice que hay serios indicios de vínculos de Gustavo Malo con el cartel de la toga

El magistrado Malo está incapacitado por razones médicas. Desde el 27 de septiembre del año pasado, no ha regresado a la Corte. / Corte Suprema de Justicia

Siete meses después de que estallara el escándalo que puso en jaque a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos representantes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes acaban de dar un paso más en la investigación. Los congresistas Fabio Arroyave y Edward Rodríguez tienen lista la ponencia en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández en la que, aseguran, existen serios indicios de que el togado tuvo vínculos con el llamado cartel de la toga.

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Según la investigación que se adelantó el año pasado en la Comisión, al magistrado Malo le imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias, prevaricato y utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Uno de los hombres claves que ha hablado en contra del togado es el exfiscal Gustavo Moreno quien le dijo a la Corte Suprema que Malo participó del grupo de abogados y magistrados que, a cambio de dinero, desviaron sentencias y decisiones judiciales.

Durante una rueda de prensa, el representante Edward Rodríguez explicó que, después de valorar “el arsenal probatorio” del caso, “se pudo establecer que existen serios indicios de la responsabilidad de Malo Fernández en la conformación de un grupo de personas, tanto funcionarios públicos como particulares, con los cuales se concertó para efectuar ilegalmente procesos de aforados. Según el representante, se realizaron y analizaron más de 100 pruebas testimoniales, documentales y periciales.

Moreno, quien está preso por este caso y a punto de ser extraditado a Estados Unidos, explicó que la información que le daba Malo sobre procesos en la Corte fue clave para concretar negocios con políticos. Fue así como, explica el exfiscal, le pidió dinero al senador Musa Besaile para detener una orden de captura en su contra. Besaile admitió haber pagado 2.000 millones de pesos a cambio de no ser detenido. El senador de la U hoy está en prisión. El caso de Besaile estaba, precisamente, en el despacho de Malo.

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El representante Rodríguez agregó que la Procuraduría también está de acuerdo con la ponencia para que Malo sea llamado a un juicio penal y político. Para los representantes de la Cámara, un ejemplo claro de que hay serios indicios de que Malo participó del cartel de la toga, son dos pagos que habrían realizados los senadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, ambos en prisión por este caso. El dinero habría sido utilizado para frenar órdenes de captura o simlemente para dilatar los procesos y buscar una posible prescripción. Para Arroyave y Rodríguez, el hecho de que ambos casos estuvieran en el despacho de Malo no es una simpe coincidencia.

En la investigación que adelanta la Fiscalía en contra del exmagistrado Francisco Ricaurte, en la cárcel desde el año pasado, el ente investigador advirtió que tenía pruebas de que Malo hacía parte de esta red de corrupción. En su defensa, el magistrado ha dicho que es inocente y que nada tiene que ver con el cartel de la toga. En este caso, también está vinculado el expresidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos.

Con esta decisión, los días de Malo en la Corte Suprema estarían contados. Desde noviembre del año pasado, el Sala Plena del alto tribunal ha discutido la modificación de un artículo de su reglamento interno para que, si uno de sus miembros es vinculado en un proceso penal, el funcionario estaría obligado a dejar su puesto. El magistrado pidió una licencia no remunerada el pasado 27 de septiembre cuando su nombre comenzó a sonar dentro del escándalo. Desde ese entonces, ha presentado varias incapacidades médicas por un cuadro de estrés, una hernia en el abdomen y ahora una depresión moderada.

Así las cosas, la ponencia de Arroyave y Rodríguez pasará a estudio en la Comisión de Acusación. De ser aprobada, el expediente de Malo pasaría a ser discutido en la plenaria de la Cámara y el Senador y, finalmente, pasaría a la Corte Suprema de Justicia para que allí se adelante el juicio en su contra. 

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