Proceso de paz

Ponencia pide avalar decreto que otorga visas a extranjeros que pertenecen a las Farc

El documento presentado será estudiado por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Una ponencia pide avalar el Decreto Ley 831 de 2017 que fijó la entrega de visas a los extranjeros que son integrantes de las Farc. El documento firmado por la magistrada Cristina Pardo fue presentado ante la Sala Plena de la Corte Constitucional que deberá definir si da vía libre o no al decreto emitido por el Gobierno tras la firma del acuerdo final con dicho grupo guerrillero.

El Decreto define que las visas de residencia especial deberán ser entregadas a los guerrilleros que hayan sido avalados por el Secretariado de las Farc, cuya lista le fue enviada en meses anteriores a la Oficina del Alto Comisionado de Paz. (Ver: Decreto "Tanja": habrá visa de residentes para extranjeros miembros de las Farc)

Fuentes cercanas al alto tribunal aseguraron que en la ponencia se manifiesta que el decreto expedido cumple con los requisitos de conexidad con el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc. Además se considera que le da la oportunidad de trabajar en Colombia a los extranjeros que se vincularon con el grupo subversivo.

En el debate jurídico se deberá tener en cuenta, además, el concepto enviado por la Procuraduría General. En el documento, presentado el pasado 29 de junio, se indica que el mismo no cumple con la finalidad de conexidad del acuerdo de paz firmado puesto que establece una serie de beneficios que no fueron discutidos por lo que pidió que sea declarado inexequible.

“No se realiza un acápite donde se trata con especificad el tema de los extranjeros excombatientes pertenecientes a las Farc-EP”, precisa uno de los apartes del concepto firmado por el procurador General, Fernando Carrillo Flórez. En el mismo se hace mención al hecho que en el acuerdo no se presentó la necesidad de “regular la pertenencia” de dicho grupo a extranjeros en el territorio colombiano.

“Al regular un tema como el aquí tramitado, mediante un Decreto de Ley, sustrae hacia el futuro la posibilidad de que esta facultas sea ejercida por el Ejecutivo, pues los gobiernos futuros no tendrán la misma posibilidad de expedir decretos con fuerza material de Ley”, precisa.