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La Corte Suprema de Justicia ordenó cambiar la radicación del proceso que lleva la Fiscalía contra Alberto Enrique Acosta Pérez y Juan José Acosta Osío por presuntas irregularidades para quedarse con el Hospital y Universidad Metropolitana de Barranquilla. La decisión se da, puesto que en un audio revelado por el periodista Daniel Coronell se escucha al senador Eduardo Pulgar, al parecer, ofreciéndole un soborno al juez del caso. Para el alto tribunal, esto muestra ausencia de imparcialidad, con lo cual envió el caso a Bogotá.
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El juez al que Pulgar parece ofrecerle un soborno se negó a recibirlo, como se escucha en la grabación. Sin embargo, para el alto tribunal, “el resultado infructuoso de tal gestión no es óbice para estimar que los imputados, en aras de salir airosos de la investigación en cita, posiblemente han podido emplear sus influencias”. Además, los procesados han radicado varias tutelas buscando frenar el proceso, algunas de las cuales les han salido favorables. Y, una de las víctimas en el proceso ha recibido reiteradas amenazas en las que le dicen que “se metió con quien no correspondía”.
Todo eso fue suficiente para que la Corte concluyera: “Como en el Distrito Judicial de Barranquilla no existen las condiciones mínimas necesarias para que, en este caso concreto, se materialicen las garantías judiciales que propicien una autónoma e independiente administración de justicia, los intereses de las personas que se consideran víctimas en este asunto, así como sus abogados, se verían afectados en cuanto al riesgo contra su seguridad o integridad personal”. Y fue así que envió el proceso a Bogotá.
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Aunque no son muy recordados en la escena nacional, los Acosta Osío han estado por décadas en posiciones de poder. Sus líos judiciales, a su vez, comenzaron por peleas sobre la herencia que dejó el barón político atlanticense Gabriel Acosta Bendeck: la Universidad Metropolitana, el Hospital Metropolitano y la Fundación Acosta Bendeck, que maneja las dos primeras. Precisamente uno de ellos, Alonso Acosta Osío se encuentra en Honduras huyendo de un proceso judicial en Colombia.
Él y su hermano, Luis Fernando, así como Alberto Enrique Acosta Pérez son señalados de estar detrás de un entramado que la Corte Suprema resumió así: “suscribieron el Acta 001 de Asamblea Extraordinaria, donde reformaron los estatutos de aquella (la Fundación Acosta Bendeck) y crearon una nueva Junta Directiva; situación que originó una modificación sustancial de los integrantes del Consejo Directivo del Hospital y Universidad Metropolitana de Barranquilla y, por ende, la destitución del Rector y Director Administrativo, respectivamente y la designación de nuevos dignatarios”.
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El hecho puede ser irregular porque, al parecer, desconocieron la titularidad de la fundación que ostentaba su vicepresidenta, Ivonne Acosta Acero. Por estos hechos, un juez de Barranquilla envió a casa por cárcel a Luis Fernando y Alberto Enrique Acosta luego de que la Fiscalía les imputara los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento privado, obtención de documento público falso y concierto para delinquir. Y, justo cuando iban a ser llamados a juicio, las víctimas en el proceso solicitaron que el caso fuera enviado a un juez de Bogotá.