Por COVID-19, actividades presenciales en Sala Penal de Corte Suprema se suspendieron

La Secretaría de la Sala Penal y el piso de los magistrados de esa misma Sala quedaron cerrados y se hará una desinfección. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En la mañana de este viernes 3 de julio, luego de dos días de que se acabara la suspensión de los términos judiciales y los juzgados y tribunales del país comenzaran a vivir su “nueva normalidad” (con todos los trámites activos pero con atención virtual, principalmente), se reunieron los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia extraordinariamente para evaluar un delicado asunto: un magistrado auxiliar del despacho de uno de los togados dio positivo para COVID-19 y se encuentra en cuidados intensivos.

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A raíz de esta situación, los magistrados tomaron una serie de medidas para evitar que el nuevo coronavirus afecte a otros funcionarios del alto tribunal. Por ende, se determinó cerrar la secretaría de la Sala Penal y el cuarto piso del edificio de la Corte, donde están los despachos de los magistrados. Además, dieron la instrucción de que ningún funcionario fuera a trabajar presencialmente, reversando así la última determinación de la Judicatura que la Corte, en un inicio, apoyó: la autorización para que haya presencia de hasta el 20 % del personal de la Corte en su sede.

Fuentes del alto tribunal le confirmaron a este diario que a las personas que tuvieron contacto con el magistrado auxiliar ya les tomaron las pruebas para determinar si se contagiaron, pero hasta el momento no han presentado síntomas. Además, ya está programada una desinfección en las instalaciones del alto tribunal. Desde que se levantaron los términos en la rama judicial, hace dos días, se empezaron a remitir expedientes físicos a la secretaría Penal por parte de algunos tribunales y otras entidades. Con este cierre temporal, ese tipo de acciones quedan frenadas temporalmente.

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Desde el 16 de marzo pasado, el Consejo Superior de la Judicatura tomó la decisión de suspender los términos de los procesos debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esa medida se extendió hasta el martes 30 de junio pasado. La cabeza de la Judicatura, la magistrada Diana Remolina, señaló que la presencia de personas en las sedes judiciales será en casos excepciones y cumpliendo una medidas de seguridad rigurosas. Además, señaló que, por ahora, no habrá atención al público en las instalaciones judiciales.

Según Remolina, se está dando prioridad al teletrabajo de los trabajadores judiciales y se intensificará la implementación de herramientas virtuales para la reactivación de los procesos. “El Consejo Superior mantiene la regla que los servidores judiciales sigan laborando desde casa y se reitera que cuando sea necesario de manera presencial, solo puede llegar el 20% de los servidores a las sedes judiciales”, señaló Remolina el pasado 27 de junio. En la Sala Penal de la Corte, por ahora y ante esta nueva circunstancia, todo el mundo trabajará desde casa.