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Una juez acaba de fallar a favor del Estado en un pleito legal que involucra a la empresa panameña Coloca International Corporation S. A. Según el Juzgado de Cáqueza (Cundinamarca) el Estado no deberá acceder a la demanda interpuesta por la compañía hace 38 años por el giro de 3.4 millones de dólares al extinto Banco del Estado (Banestado). Este Juzgado le dio la razón al Estado luego de estudiar una prueba del Banco de la República en donde se especifica que la empresa panameña no estaba autorizada para hacer depósitos de dólares a través de cuentas corrientes o fondos rotativos.
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Este fallo de primera instancia, además, ordena a los dueños de Coloca a pagar los $500 millones que costó el proceso legal. Ante la decisión, la empresa panameña no piensa quedarse de manos cruzadas y acaba de impugnar el fallo. Según esta compañía, entre las pruebas reposan cartas firmadas por uno de los directivos de la antigua entidad financiera en la que daba buena fe de los desembolsos. En estas misivas, aparentemente, se pactó el porcentaje que tendrían los intereses de la deuda.
El caso no es para menos. Desde 1985, Coloca ha denunciado giros de dinero realizados a Banestado por sumas escandalosas. Luego de tres décadas, en los estrados judiciales se adelantan cuatro procesos en los que la compañía panameña reclama el reembolso de las millonarias deudas. Este solo proceso representaría una jugosa suma de dinero a la que se le sumarían los intereses de mora. Las cosas no paran allí, la investigación también ha dejado en evidencia la participación de Eduardo José Zambrano Caicedo en la negociación de los desembolsos.
Zambrano, condenado además por participar en el de coimas de la multinacional Odebrech de los fondos de la Ruta del Sol II, aparece como quien firmó las misivas en el Banco del Estado. En los ochenta Zambrano Caicedo era ni más ni menos que el vicepresidente del Banco del Estado y, además, mano derecha de Jaime Mosquera, presidente de esta entidad. El banco pasaba por su peor momento, desde diciembre de 1978 el Banestado requería un aumento de capital para sobrevivir. En 1982 la crisis bancaria estalla y entre las fórmulas para no sucumbir optan por pedir préstamos.
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En los pagarés firmados entre Banestado y Coloca se especifica que “se pagará irrevocablemente la deuda”. La prueba reina de la compañía no fue suficiente para condenar al Estado al millonario pago. Entre los alegatos de la defensa, la negociación nunca fue considerada un préstamo del banco. De acuerdo con el abogado defensor, se trató de un negocio entre la empresa panameña y los dos altos directivos de Banestado: Eduardo José Zambrano Caicedo y Jaime Mosquera.
Un grupo de petiraje estudio las transacciones y determinó que, como lo había justificado el Banco de la Republica, estás no se ajustaban a la normativa vigente, ni habían sido autorizadas por la Superbancaria, entidad de en ese entonces hacía el control fiscal y que ahora es conocida como Superfinanciera.
Lo que vendrá para el proceso será determinado por el Tribunal Superior de Bogotá quien evaluará la apelación del fallo impuesta por la empresa panameña. Desde el mes de abril de 1985, las arcas han Estado en vilo por los reclamos que desde Coloca, Jorge Castro Lozano, le hizo al Gobierno. La gravedad del pleito puso en pausa la intención de los presidentes Cesar Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana por privatizar el Banco del Estado. Luego de 38 años, a pesar de que el Estado ganó una batalle legal, el litigio está lejos de terminar.