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En agosto de 2013 la Policía Metropolitana de Bogotá publicó un cartel con las caras de 48 personas señaladas de ser los responsables de unos disturbios que se presentaron durante una marcha campesina. Desde entonces, el cartel motivó una serie de acciones judiciales por afectaciones al buen nombre de los involucrados, e implicó una investigación penal en contra del entonces comandante de la policía de la capital, general Luis Eduardo Martínez; y del general Rodolfo Palomino, quien lideraba la Institución a nivel nacional. El caso, cinco años después, está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
En enero pasado, la Fiscalía General le solicitó a la Corte que precluya el caso al señalar que los oficiales no tuvieron la intención de afectar la honra de los involucrados. También aseguró la entidad que el cartel se hizo tras una orden del entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, con una metodología estricta y con el fin de identificar a los protagonistas de algunos "actos marginales" en las marchas. Por eso, dijo el ente investigador, los oficiales no habrían incurrido en los delitos de calumnia, injuria, prevaricato y abuso de autoridad.
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Este martes, en la continuación de la diligencia, los representantes de tres de las personas señaladas en ese cartel pidieron a la Corte Suprema mantener la investigación y desestimar la solicitud de preclusión de la Fiscalía General. El abogado Germán Romero destacó cómo los oficiales, de manera reiterada y en medios de comunicación, calificaron a esas 48 personas de ser "vándalos", que "incitaron desmanes" contra policías y particulares en la jornada de protesta.
"El rostro es una característica personalísima de cada persona, hace parte de su identificación y lo que está diciendo el general en esas manifestaciones es que esas personas cometieron crímenes y que tenían las pruebas. Ese rótulo, "cartel de los vándalos", genera una afectación al bien jurídico de la integridad moral", dijo en la audiencia el abogado Romero. El jurista señaló que el cartel provocó daños en el entorno familiar de uno de los jóvenes que fue incluído y que en la época acudía a la universidad.
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"Son dos generales que tenían los dos más altos oficiales frente al caso de Bogotá", señaló el abogado al recodar una serie de fallos de tutela que, en casos similares, le advirtieron a la Policía que este tipo de carteles pueden afectar daño al buen nombre de una persona, si no hay un proceso judicial sólido. Por eso, el abogado pidió mantener la investigación. En su crtierio, no hacerlo "es decirle a las víctimas del abuso de poder que no hay investigaciones responsables y fundamentadas para este tipo de casos". Ahora, el próximo 5 de diciembre continuará la audiencia en la Corte Suprema. Luego, el alto tribunal definirá si precluye la investigación en contra de los oficiales o si la mantiene.