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La Procuraduría General abrió investigación formal en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; el gerente de la ETB, Saúl Kattan Cohen y la secretaria de General, Martha Lucía Zamora por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en los contratos de la línea 123.
Esto tras las quejas presentadas por las falencias que se habrían presentado en las prórrogas de dichos contratos con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, como fue denunciado en varios informes especiales de ElEspectador. (Ver Ratifican denuncias por línea 123)
El exgerente de dicha entidad, Fernando Arbeláez le manifestó a este diario que existieron presiones indebidas a la hora de firmar la prórroga de estos contratos pese a que no existía una razón o justificación. (Ver Crisis en el Fondo de Vigilancia)
El Ministerio Público adelantará el análisis de los elementos materiales probatorios para determinar si existen o no méritos para formular un pliego de cargos -es decir un juicio disciplinario- contra el mandatario distrital. (Ver Distrito quiere comprar un equipo para Línea 123 que ya existe)
Los hechos materia de investigación tienen relación con las presuntas falencias en la celebración y prórroga del contrato 516 de 2004. Ante esto se pudieron remitir informes de dicho contrato.
El órgano de control disciplinario escuchara en declaración a diferentes funcionarios que tuvieron participación con la suscripción de dicho contrato.
Igualmente se ordenó realizar una inspección en las instalaciones de la línea 123, así como solicitó la recolección de varias pruebas documentales y testimoniales.
Por medio de su cuenta en Twitter, el alcalde de Bogotá acusó al procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado de querer quitarle sus derechos políticos con esta nueva investigación disciplinaria.
“Qué es lo que busca Ordóñez?: sancionarme en tres procesos, así la ley le prohíbe quitarme mis derechos políticos por cinco años (sic)” trinó el mandatario distrital después de conocer la noticia.