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Hasta el próximo 6 de noviembre tendrá la defensa del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego para presentar sus pruebas en el proceso disciplinario que se le adelanta en la Procuraduría General por las presuntas irregularidades que habrían rodeado la celebración y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
El Ministerio Público le extendió al plazo a la defensa del burgomaestre para que radiquen sus pruebas y alegatos de conclusión en el marco del proceso disciplinario que se le abrió por tres cargos ante las falencias en la planeación y ejecución del programa “Basuras Cero”.
Ante esto se extienden todos los plazos al momento de tomar una decisión de fondo en este extenso proceso, del cual se ha podido establecer se han recaudado cerca de 8 mil folios relacionados con la preparación de este proyecto, las contrataciones que se adelantaron y la inclusión de la comunidad de recicladores.
Este jueves, el secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo pidió no adelantarse a lo que pueda decidir la Procuraduría General en el proceso contra el mandatario.
En medio de los rumores que advierten que es posible que el mandatario sea destituido por el programa de recolección de basuras en diciembre de 2012 tras una determinación del alcalde de Bogotá, la Administración hizo un llamado para no especular sobre el tema.
“Creo que no hay que ensillar antes de traer las bestias”, se limitó a decir Jaramillo ante este polémico caso.
El pliego de cargos
El pasado 21 de junio, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos al alcalde de Bogotá por su presunta participación y responsabilidad disciplinaria en las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo sistema de aseo en la capital de la República.
El Ministerio Público tomó esa decisión después de revisar y analizar las pruebas recolectadas en contra del burgomaestre capitalino, entre las que se encuentran las denuncias hechas por un grupo de ciudadanos y los contratos firmados por la Alcaldía de Bogotá para la aplicación de este modelo.
De acuerdo con la Procuraduría, el alcalde Mayor de Bogotá habría incurrido en una falta disciplinaria al determinar en 2012 al director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y los gerentes de la Empresa del Acueducto y Aguas de Bogotá para que firmaran los contratos para asumir la prestación del servicio público de aseo.
Ante esto se indicó que no se tuvo en cuenta el hecho de que estas entidades no contaban con “la más mínima experiencia y capacidad requerida para dicho fin”, como precisa uno de los apartes de la decisión. (Ver Mandato de Petro podría ser interrumpido por decisión de la Procuraduría.
Además indica que Petro habría incurrido en una irregularidad cuando el 10 de diciembre de 2012 tomó la decisión de adoptar un esquema de prestación del servicio de aseo “con lo que pudo violar el principio constitucional de libertad de empresa, al impedir que otros operadores distintos a las entidades del Distrito prestaran en igualdad de condiciones dicho servicio público”.
Por último, se cuestiona al alcalde por haber autorizado el uso de vehículos tipo volqueta por lo que pudo haber violado la protección del medio ambiente “originando un grave riesgo a la salud humana”. (Ver A rendir cuentas por modelo de Petro)
Según se ha podido establecer el órgano de control disciplinario calificó estas fallas como gravísima a título de dolo y gravísima con culpa gravísima.