Procuraduría investiga demoras en la devolución del IVA e impuestos de renta

El procedimiento abreviado que creó el Gobierno para este trámite entró en funcionamiento el pasado 13 de abril.

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La Procuraduría abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en el trámite de devolución automática de saldos a los contribuyentes del impuesto de renta e IVA. Todavía la investigación no tiene a personas concretas identificadas, pero el Ministerio Público tiene la lupa puesta en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), encargada de todo este trámite que, según denuncias de varios usuarios, ha presentado demoras.

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Según informó la Procuraduría, la indagación “busca establecer que los parámetros de puntuación y clasificación de riesgos definidos por la DIAN para identificar y calificar a los contribuyentes que solicitan la devolución o compensación de saldos a favor respondan a criterios de igualdad y transparencia”. Esto, pues cientos de contribuyentes han denunciado en medios de comunicación que sus solicitudes, además de tener que atravesar un trámite complejo y demorado, están siendo rechazadas.

Por otro lado, las pesquisas de la Procuraduría buscan establecer si la DIAN ha aplicado “de manera uniforme y equitativa” y “con base en una clasificación que obedece a la situación tributaria real del ciudadano” las órdenes del Gobierno de agilizar la devolución de estos saldos en medio de la pandemia. Desde abril el Ejecutivo firmó un decreto legislativo en el que creaba un procedimiento abreviado para que las empresas tuvieran mayor flujo de caja en estos días de crisis y la norma ordenaba que estos trámites no tomaran más de 15 días, algo que, al parecer, no se estaría cumpliendo.

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El Ministerio Público agregó que “con la apertura de la indagación se busca determinar la ocurrencia de los hechos señalados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, identificar al autor o a los autores de la misma y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”. Una vez se surta este proceso y si efectivamente se hallan irregularidades, la Procuraduría podría llamar a juicio disciplinario a los funcionarios de la DIAN involucrados, quienes se enfrentarían a sanciones, destituciones o incluso inhabilidades para ejercer cargos públicos.

El director de la DIAN, José Andrés Romero, ha defendido la gestión de la entidad en este trámite. A través de sus redes sociales informó, por ejemplo, que desde que el Gobierno expidió el decreto que creó este procedimiento abreviado hasta finales de mayo la dirección había aprobado 10.000 solicitudes de devolución, lo que significó una entrada de más de $2.9 billones a los contribuyentes.