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En un concepto enviado ante la Corte Constitucional la Procuraduría General le solicita que se declare inexequible el denominado plebiscito por la paz aprobado en noviembre de 2015 por el Congreso de la República. Para el Ministerio Público esta figura no es la idónea para darle validez a los acuerdos finales que se firmen en el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).
En el documento, radicado en la tarde de este lunes, se manifiesta que los acuerdos si deben ser refrendados por lo que propone el referendo como el mecanismo justo y necesario para que las personas decidan si están o no de acuerdo con los puntos que se firmen en el desarrollo de las negociaciones entre el Gobierno y dicho grupo guerrillero.
Según se ha podido establecer la Procuraduría General manifiesta que debido a la complejidad de los acuerdos firmados y la importancia de los mismos se deben buscar otros mecanismos que en verdad garanticen la verdadera participación ciudadanía y permitan que sean ellos los que decidan de fondo frente a estos mismos acuerdos.
Para el órgano de control disciplinario esto no se puede agotar en un Sí o un No como lo fija el plebiscito. En diferentes oportunidades los jefes negociadores de las Farc se han mostrado en desacuerdo con esta figura hecho por el cual han propuesto en sus intervenciones una "consulta popular" para que se refrenden los puntos firmados tras tres años de negociaciones.
En este punto considera la Procuraduría que el umbral no representa a la posición mayoritaria, considerando que se trata de un plebiscito autoritario y no democrático afectando así la transparencia de las negociaciones adelantadas en La Habana entre el Gobierno y las Farc.
Señala que el referendo brinda todas las garantías constitucionales puesto que permite una decisión libre y consciente de los ciudadanos frente a cada uno de los acuerdos pactados entre las dos partes. Así podrán manifestar su acuerdo o desacuerdo con todos, uno que otro o ninguno.
Finalmente considera que no se puede presionar a los ciudadanos con la amenaza que si el plebiscito no es avalado serán otros 50 años más de guerra. Los acuerdos deben ser estudiados y analizados y cada uno de manera individual y sin presiones tomará la decisión que considere correcta.
La Corte Constitucional citó para el próximo 26 de mayo la audiencia pública en la cual se escucharán a 20 intervinientes, entre los que se encuentran el presidente, el jefe negociador del Gobierno, el ministro del Interior, el Defensor del Pueblo, congresistas, magistrados, excontituyentes y miembros de ONG.