"Recibo con asombro la decisión del señor ministro": general Jorge Romero

El alto oficial fue retirado del Ejército por orden del ministro de Defensa, Guillermo Botero, luego de conocerse que hay denuncias en su contra porque supuestamente cobraba por la expedición de permisos para portar armas en Medellín.

Según la publicación, un empresario, un militar y un civil denunciaron al general Jorge Romero ante la Procuraduría y la Fiscalía por presuntos malos manejos de recursos del Estado. Archivo Particular

Jorge Horacio Romero, general del Ejército que estuvo en la Fuerza Pública por 33 años, reaccionó a la decisión del ministro de Defensa, Guillermo Botero, de llamarlo a “calificar servicios” —retirarlo de la Fuerza Pública— luego de que se conocieran denuncias en contra del alto oficial por presuntos hechos de corrupción. Según Romero, recibió con “asombro” la determinación de Botero, pues, dijo que consideraba al Ejército una “institución garante del derecho a la presunción de inocencia, como hasta la fecha lo había sido”.

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Romero expresó los señalamientos son parte de “una estrategia de quienes buscan afectar el buen nombre de las instituciones y de quienes servimos a nuestra patria”. Además, aseguró que acudirá ante las autoridades cuando sea notificado de alguna actuación en su contra, hecho que, hasta ahora, no ha ocurrido, pues dijo que conoce de una investigación en su contra que cursa en la Corte Suprema de Justicia, pero dice que no ha sido vinculado formalmente porque el proceso está en etapa de indagación preliminar.

Las denuncias fueron reveladas por la revista Semana el pasado domingo en un especial llamado “Las ovejas negras”. De acuerdo con la publicación, un empresario, un militar y un civil denunciaron al general Romero ante la Procuraduría y la Fiscalía por presuntos malos manejos de recursos del Estado. El empresario, por ejemplo, declaró que, mientras estuvo a cargo de la IV Brigada del Ejército en Medellín, Romero le exigió dinero a cambio de aprobarles las licencias para portar armas. Según el testimonio, el alto oficial exigía $11 millones por cada salvoconducto. 

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El general Romero se refirió a este tema, al que la revista le dio gran despliegue. Manifestó que las denuncias en su contra no tendrían asidero: en primer lugar, porque el comandante de la IV Brigada no escompetente para expedir estos permisos; por otro lado, porque mientras estuvo en el cargo sí conoció de denuncias similares en un CAI del barrio Laureles de la capital antioqueña, pero ordenó que se le abriera una investigación disciplinaria a quien sería el responsable.

Por último, el general se refirió, a otra denuncia hecha por Blu Radio en el mismo sentido, según la cual por lo menos tres cabecillas de La Oficina —alias Pichi, Lindolfo y Guayabo— tenían en su poder, al momento de ser capturados, armas con permisos expedidos por el Ejército. Romero aseguró: “Los salvoconductos sobre los que recaen los señalamientos de los medios y relacionados con personas integrantes de la oficina de Envigado, (…) fueron expedidos cuando yo ya no estaba en la IV Brigada en Medellín”.

Tras la polémica desatada por la información publicada en Semana, la Procuraduría anunció el pasado lunes que les abriría una investigación disciplinaria a los tres generales mencionados en las denuncias. "Presuntos actos de corrupción relacionados con la aparente exigencia u oferta de dineros para financiar viajes, expedir salvoconductos o identificar fuentes de información de los medios de comunicación" es la razón que dio el Ministerio Público. El ente disciplinario le puso la lupa, además de Romero, a Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército, y Eduardo Quiroz, del comando de apoyo de contrainteligencia.